Fue a través de un comunicado que la Asociación de Funcionarios Municipales de la Ilustre Municipalidad de Calama, donde expusieron su molestia en contra de la actitud que habría tenido el concejal Claudio Maldonado, ante el nombramiento de Mirza Cruz y Alberto Vásquez, solicitando a Contraloría se pronuncie si “se ajusta o no a derecho el nombramiento en la planta directiva de los funcionarios”.
Ante este cuestionamiento, dado a conocer por el concejal en el Concejo Municipal realizado el pasado 20 de enero, señalaron que “queremos manifestar nuestra absoluta molestia con dicho Concejal, ya que no es primera vez que hace alusión en forma negativa a los funcionarios municipales, situación que nos tiene agotados a todos y todas y que sin duda, entorpecen el estado de ánimo de nosotros y crea un ambiente laboral negativo”.
En el escrito dejan en claro que “todos y todas las funcionarias de carrera de esta casa consistorial cuentan con ratificaciones en sus cargos, cumplen los requisitos establecidos por ley y son aptos técnica y moralmente para estar en posesión dichos puestos”.
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“Como Asociación Gremial, avalamos el trabajo de cada uno de los funcionarias y funcionarios municipales de esta casa consistorial, quienes han realizado un arduo trabajo (y poco reconocido por esta administración), una administración que ha navegado sin rumbo claro y quienes no han tenido acercamiento alguno con los trabajadores y trabajadoras municipales”, agregaron.
De igual modo, apuntaron a que “nos parece poco razonable consultar por nombramientos de hace 10 años aproximadamente, donde prescribió cualquier acción de reclamación, es como que esta asociación comenzara a traer a colación procesos judiciales de antaño de algunas autoridades asociadas a acciones de delito, lo cual no nos interesa conocer”.
Es por esto también que los funcionarios invitaron al edil a que, “en lo sucesivo, pueda desarrollar mejor su tarea de fiscalización conforme lo señala la normativa legal que los rige, en temas de real importancia y relevancia para la comunidad como son:
- Fiscalización a la venta de casa en Comdes, en donde no vimos su firma por ningún lado.
- Fiscalización al proceso de contratación del estadio Zorros del Desierto.
- Fiscalización a la compra de canastas familiares con alcohol de parte de Dideco.
- Preocuparse de fiscalizar de manera real y efectiva los últimos concursos realizados en el municipio, cuyas contrataciones, fueran lejanas a la política de recursos humanos aprobada por vuestro concejo, como también lejanas a procesos objetivos, en donde tampoco hemos visto por su parte, intervención o fiscalización.
- Contrataciones de familiares en cargos directivos y de confianza, tanto en la Municipalidad, en Comdes y Cultura.
- Aumentos de remuneraciones de algunos funcionarios de las corporaciones (ambas).
- Sería mucho más interesante su fiscalización en la entrega efectiva de Elementos de protección personal (conforme lo señala el ministerio de salud), uniformes reglados por ley para los vigilantes privados como también para los funcionarios de planta y contrata.
- Las posibles acciones de usurpación de funciones que le corresponde cumplir a funcionarios municipales y no a externos como son las corporaciones.
- Entre otras situaciones.
Dicho esto, por parte de los funcionarios, también quisieron dejar en claro “que de continuar o mediar hostigamientos hacia algún otro funcionario o funcionaria de este consistorio, esta asociación tomará acciones que la ley nos permite, por los hechos que puedan ocurrir”.
Insistieron en que “ha sido agotador el hecho que esta administración y el referido concejal (que no ha tenido ningún acercamiento con los funcionarios), desconozca la labor de cada uno de nosotros y la experiencia que se tiene para sacar adelante las tareas municipales en el día a día. No permitiremos que nos siga hostigando y menoscabando a los y las funcionarias municipales, por tanto, solicitamos a la referida autoridad mantener el respeto a la carrera funcionaria”.
Finalmente, “llamamos al Alcalde a abordar estos temas con responsabilidad, y a su vez, no exponer a los trabajadores y trabajadoras en concejos públicos, temas que son delicados, denostan públicamente y dañan la imagen de nuestro personal”.