La cámara de diputados aprobó este jueves un proyecto de ley que fue ingresado por el Ejecutivo, que busca que las empresas de transporte deban por obligación vincular a los pasajeros con sus equipajes durante los viajes. Esta idea nació desde la delegación presidencial provincial de El Loa, puesto que Calama y Antofagasta son las comunas donde más registro se tiene de incautación de bolsos con droga en buses interurbanos, y que no tiene dueño.
Miguel Ballesteros, delegado presidencial de El Loa, explicó que «hace un tiempo atrás junto al OS7 y la fiscalía, comenzamos a trabajar en una propuesta para modificar la ordenanza que generara la obligatoriedad a las empresas de transporte interurbano, de tener un registro de los pasajeros para asociarlo al equipaje. Como eso es materia de la municipalidad, se hizo una propuesta que fue aprobada, pero hasta ahora no se ha implementado».
«Sin embargo, entendiendo que esta es una realidad nacional, es que fuimos levantando este trabajo a través del gobierno central, y finalmente se ingresó esta iniciativa como parte del fast track acordado entre el gobierno y las presidencias de ambas cámaras para ser una de las iniciativas a legislar con suma urgencia, y de esta forma no depender de los concejos municipales y los recursos que estos tengan para poder implementar, y de esa forma transformarlo en una ley de la república que beneficie a todo territorio nacional», agregó la autoridad.
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En este contexto, Ballesteros detalló que la aplicación de esta ley dependerá de «los particulares, donde deberán tener un registro de pasajeros que tendrá que durar hasta el final del viaje. Quienes incumplan recibirán una multa de 0.5 a 1 UTM, y si se encuentran equipajes con ilícitos y este no se pueda asociar a alguna persona, todos quienes que no tengan algún tipo de registro verificable, serán puestos a disposición del ministerio público para esclarecer a quien corresponde».
Por último, el delegado presidencial provincial, destacó el trabajo que se está realizando desde el nivel central con las regiones, «esta necesidad la levantamos también en el concejo regional contra el crimen organizado, y desde allí se la expusimos a la subsecretaría del interior, donde fue avanzando como una iniciativa del Ejecutivo».
«Por lo tanto, se recoge la realidad de los territorios, una propuesta que hemos construido nosotros junto a fiscalía, al OS7 de carabineros, así como el equipo jurídico de la DPP, para que una iniciativa que surgió en este territorio, esté ad portas de ser una ley de la República para seguir combatiendo el tráfico de drogas y crimen organizado en general», cerró Miguel Ballesteros.