Hace exactos 150 años, exactamente la mañana del jueves 6 de agosto de 1874, en la ciudad boliviana de Sucre, se firmaba un importante documento que definía los límites entre este país con su vecino meridional, Chile.
En dicha jornada, los altiplánicos celebraban el 49 aniversario de la declaratoria de su independencia. En paralelo a esta firma, en el entonces poblado minero boliviano de Caracoles (litoral de Antofagasta), se inauguraba su primera escuela de niñas y su primer templo parroquial.
Según cita el medio de historia local Don Caliche, en Sucre, el diplomático boliviano Mariano Baptista Caserta, un joven y destacado abogado de 42 años (quien para fines de ese siglo llegaría a la presidencia de su país), se aprestaba a firmar el tratado de límites con su homólogo aún más joven, de 32 años, Carlos Walker Martínez (quien en el futuro tuvo un rol activo en el derrocamiento del presidente de su país, José Manuel Balmaceda).
Este tratado del 6 de agosto supondría un “cese al fuego” respecto a las reclamaciones diplomáticas sobre las explotaciones mineras en la zona. No obstante, el documento firmado fue la chispa que llevó cinco años después a la Guerra del Pacífico.
TÉRMINOS
Muy en síntesis, entre 1820 (tras las guerras de independencia) a 1840, ninguna de las naciones firmantes “dieron bola”, a los territorios del “despoblado de Atacama”. Recién en 1842, bajo el gobierno chileno de Manuel Bulnes, se descubrió que la zona era rica en minerales.
Desde ese entonces hubo un constante tira y afloja entre Chile y Bolivia por definir un límite definitivo para la explotación de estas riquezas, dejando el paralelo 24 (entre Taltal y Mejillones) como una zona de explotación de beneficio mutuo en 1866. Pero este acuerdo terminó mal.
En 1874 se firmó un nuevo tratado de límites, definiendo en su artículo primero que “el paralelo del grado 24 desde el mar hasta la Cordillera de los Andes (…) es el límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia”.
No obstante, el tratado que ratificó la frontera del paralelo 24 estableció la engorrosa fórmula de repartir los tributos entre los paralelos 23° y 25°, con la condición de que los tributos a la exportación de minerales y contribuciones de personas, capitales y empresas chilenas en el lado boliviano, quedaran exentas de alza por un período de 25 años.
Este punto fue el que cinco años después fue usado por las autoridades chilenas para reclamar a Bolivia, entonces bajo el gobierno de Hilarión Daza, el súbito aumento de 10 centavos por quintal métrico a las exportaciones de salitre efectuadas por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, lo cual incumplió el tratado suscrito por Baptista y Walker Martínez.
GUERRA
Sobre las consecuencias de este tratado, el extinto historiador, Isaac Arce, en sus Narraciones Históricas de Antofagasta explica que “tal protocolo complementario fue suscrito en La Paz, por los representantes de ambas naciones, el 21 de julio de 1875 (…) con todo, y desconociendo las estipulaciones del convenio de 6 de agosto de 1874, el General D. Hilarión Daza, a la sazón Presidente de la República de Bolivia, el 23 de febrero de 1878, pretendió hacer efectiva una ley aprobada por la Asamblea Nacional (…) mediante la cual se impone una contribución de 10 centavos por cada quintal de salitre que exportara la Compañía Chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”.
Chile, al impugnar esta alza esgrimiendo el tratado de 1874 (y ante la amenaza de Bolivia de rematar las empresas chilenas en territorio boliviano) ocupó militarmente el litoral de Antofagasta en febrero de 1879, siendo este el “Casus belli” (motivo de guerra), que llevó a la Guerra del Pacífico, en donde Bolivia, a través de un tratado de alianza, arrastró al Perú.