Durante el día de ayer, la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E152300N25, estableció que todos los municipios del país no podrán externalizar funciones de seguridad pública comunal a empresas privadas de vigilancia, y que estos solo pueden operar en recintos específicos o conforme a las funciones que la ley les permite, y que cualquier acción que pretenda otorgarles competencias amplias de policía o seguridad pública —como patrullajes generales, control callejero o intervenciones de orden público— se considera ilegal.
En este sentido, explicaron que es improcedente que los municipios o entidades comunales contraten vigilantes privados para labores de seguridad pública comunal, ya que la función de estos está limitada únicamente a recintos o áreas específicas —como instalaciones privadas o edificios municipales— y no pueden asumir atribuciones propias de la seguridad pública en toda la comuna, lo que implica que los municipios carecen de facultades legales para externalizar dichas funciones a empresas de vigilancia privada.
“No hemos sido notificados todavía, pero son disposiciones de la Contraloría que se fijan a nivel nacional. Al igual que muchos municipios de Chile, aún no hemos recibido la notificación, aunque por supuesto debemos cumplir con lo que establece nuestro organismo fiscalizador”, agregó el alcalde de la comuna, Eliecer Chamorro.
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Finalmente, si un municipio busca fortalecer la seguridad comunal, deberá hacerlo dentro del marco de las leyes vigentes, ya sea coordinando con Carabineros, con la PDI, con la Seguridad Municipal, y otras medidas de prevención social, más no mediante la privatización completa de la seguridad.