Diversas reacciones han provocado la investigación periodística del ICIJ, donde desnudó que la familia Piñera -Morel y Carlos Délano sumaban más del 56% de las acciones de minera Dominga, donde este último compró la totalidad en 2010, en un hecho que se realizó en la Islas Vírgenes Británicas, caso que hoy es llamado “Pandora Papers”.
Este reportaje ha causado un gran revuelo, a tal nivel que ya se habla de una probable acusación constitucional contra el mandatario o llegar a la justicia como plantea el Senador Pedro Araya. “Esto es de suma gravedad, no descartamos recurrir a los tribunales de justicia, ni a la contraloría con el objeto de que se puedan aclarar estas circunstancias”, indicó, tras conocer detalles de la indagación que involucra, en Chile, al Presidente Sebastián Piñera, y al empresario Carlos Délano, por la compraventa de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
“Sin duda que los hechos denunciados, en lo que se ha conocido como el escándalo Pandora Papers, merecen una explicación del Presidente Sebastián Piñera, él tiene que aclarar a los chilenos y chilenas cuál fue su participación en la venta de minera Dominga, cuáles fueron sus actos, qué cosas hizo y qué dejó de hacer”, agregó el parlamentario antofagastino.
Fue el propio Piñera quien realizó una declaración pública sobre este hecho, negando algún conflicto de interés. “Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009 -hace ya más de 12 años- y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, afirmó.
Aseguró que “a partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”.