Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) estableció un posible tráfico de influencias entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y la fundación Democracia Viva. Esto en medio de las diligencias por el Caso Convenios. Además, la institución realiza una investigación por una eventual malversación de fondos y fraude al fisco.
Frente a esta situación, el abogado de la suspendida parlamentaria de Revolución Democrática, Gonzalo Medina, señaló que “el informe no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada”.
El posible tráfico de influencias causó diferencias entre la oposición y algunos sectores del oficialismo. Por su parte, desde el gobierno enfatizaron en que están realizando todas las acciones para lograr establecer la responsabilidad de quienes resulten culpables por los traspasos directos desde instituciones del Estado y esclarecer los hechos.
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