Como una enorme pérdida para las arcas municipales calificó el alcalde Justo Zuleta Santander, los cerca de 4 mil millones de pesos por los que está condenado el municipio; cifra que arrojó la auditoría externa que analizó las finanzas municipales del periodo anterior, liderado por el ex alcalde Aliro Catur.
Despidos injustificados y deudas previsionales, son los principales motivos por los que se encuentra condenada la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Poner término a estos juicios, significa sacrificar cerca del 50% del presupuesto municipal anual, lo cual resulta imposible de ejecutar, ya que de hacerlo ocasionaría un desmedro al funcionamiento del municipio.
Zuleta Santander, dijo que “otro aspecto importante de la auditoría fue evidenciar el desorden administrativo y financiero que existía en la gestión anterior, lo que ha derivado en la ejecución de estrategias como las instrucciones a los distintos procedimientos administrativos y la reestructuración interna para superar esta crisis. Además, es importante señalar que esta situación ha generado un importante daño y un duro golpe no solo a las arcas municipales sino también a toda nuestra comuna”.
Guía de Productos y Servicios Locales
Descubre y apoya a los emprendedores de nuestra comunidad
¿Quieres ser parte de esta comunidad?
En ese sentido, Sandra Malgue, administradora municipal manifestó que “por lo menos, pagar esta deuda demorará alrededor de 7 años, teniendo en consideración que de manera responsable esta administración no puede destinar más de un 5% del presupuesto municipal anual para pagar el arrastre por concepto de deudas previsionales y así ponerle término definitivo a los juicios vigentes que heredamos de la administración pasada”.
Por su parte, Evelyn Martínez, abogada y directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio, indicó que “esta administración recibió más de 15 juicios vigentes por concepto de despidos injustificados, los cuales abarcaban cerca 20 despidos de ex funcionarios quienes prestaban servicios a honorarios; alguno de ellos desde el año 1998. La administración pasada no tuvo capacidad de negociación, por lo cual, la sentencia definitiva generó un fuerte golpe para el municipio, que no se hizo cargo de paralizar dichas causas y solo se limitó a pagar las liquidaciones solicitadas por los demandantes. En razón de la vigencia de la Ley Bustos”.