El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró este martes 30 de septiembre incompetente y resolvió remitir a Santiago los antecedentes de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, indagatoria llevada adelante por el Ministerio Público en el marco del denominado caso Procultura con el Gobierno Regional Metropolitano.
Durante la audiencia de discusión de competencia (causa rol 11.087-2023), el magistrado Hans Durán Vásquez acogió la solicitud presentada por la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, ordenando que la causa sea conocida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal al que, según argumentó, le corresponde el conocimiento del proceso.
Al fundamentar su decisión, el juez Durán sostuvo que la investigación “guarda una conexión territorial y fáctica exclusivamente con la Región Metropolitana”, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde que el Séptimo Juzgado de Garantía ejerza la competencia. Añadió que los hechos investigados, las instituciones involucradas, los recursos públicos y los eventuales beneficiarios se encuentran íntegramente en dicha circunscripción, sin acreditarse un vínculo con Antofagasta.
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Asimismo, el magistrado recalcó que la medida busca resguardar la garantía constitucional del juez natural y asegurar la uniformidad en el tratamiento de las distintas aristas del denominado “caso convenios”.
El tribunal también condenó al Ministerio Público al pago de las costas del incidente, señalando que su oposición carecía de sustento normativo y desconocía actos procesales previos emanados de la misma institución, lo que habría generado una dilación indebida del proceso.
La resolución estableció tres puntos centrales: en primera instancia, se acoge el incidente de incompetencia planteado por la defensa de Claudio Orrego y se declara incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta. Además, se ordena la remisión inmediata de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En caso de que este último rechace la competencia, el conflicto será resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva. Y, finalmente, se condena al Ministerio Público al pago de las costas procesales del incidente.