La Contraloría Regional de Antofagasta emitió un lapidario informe final que desnuda la profunda crisis operativa y de infraestructura que afecta al Hospital Regional de Antofagasta (HRA). La auditoría, contenida en el Informe N°483-2025, reveló que entre 2023 y abril de 2025, una serie de fallas críticas en el contrato de concesión a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC) comprometieron la atención de 3.884 pacientes. El documento detalla al menos 12 incidentes graves, incluyendo colapsos en el sistema de climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes eléctricos, que provocaron la suspensión masiva de cirugías y un perjuicio económico estimado en $5.489 millones.
Uno de los hallazgos más alarmantes apunta al sistema de climatización, cuya capacidad instalada resultó ser insuficiente para las necesidades del recinto. La fiscalización detectó daños estructurales en las torres de enfriamiento, corrosión en metales y una preocupante ausencia de protección contra el fuego en sectores técnicos. A esto se suma que el Sistema de Automatización y Control Centralizado (SACC) opera solo de forma parcial, dejando al principal centro de salud del norte del país sin una capacidad real de monitoreo y regulación automática ante emergencias ambientales o técnicas.
El drama humano se intensificó en febrero de 2023, cuando una falla en los equipos enfriadores (chiller) se prolongó por 84 días, obligando a suspender 97 cirugías programadas. Esta contingencia forzó al hospital a contratar servicios privados para dar continuidad a las atenciones, pero con un costo irregular: el recinto asistencial terminó asumiendo pagos por más de 3 millones de pesos en servicios de arsenalería que, por contrato, debían ser cubiertos íntegramente por la sociedad concesionaria Salud Siglo XXI.
La infraestructura del hospital también presenta un deterioro que raya en lo insalubre. Inspecciones realizadas a mediados de 2025 evidenciaron fisuras en losas, acumulación de aguas lluvias y la presencia de deposiciones de aves en equipos críticos, lo que representa un riesgo tanto estructural como sanitario. Además, se constató que dos filtraciones de aguas servidas y agua caliente ocurridas entre 2023 y 2024 provocaron la pérdida de 111.509 medicamentos e insumos médicos, avaluados en 195 millones de pesos, los cuales aún no han sido repuestos por la empresa.
La Contraloría también puso la lupa sobre la «débil labor de supervisión» de la DGC. Como ejemplo de esta ineficacia, se citó el caso de la puerta de acceso a la sala de escáner, donde la concesionaria realizó 18 intentos fallidos de reparación, demorando casi un año en dar una solución definitiva. Aunque se han cursado 92 resoluciones de multas por un total de 27.350 UTM, la mayoría de ellas se encuentran suspendidas por la Comisión Arbitral tras una demanda de la empresa, evidenciando un complejo escenario judicial que traba las sanciones.
Ante la gravedad de los antecedentes, el órgano contralor resolvió instruir un procedimiento sumarial para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, se ordenó a la DGC acreditar en un plazo perentorio las acciones para que la concesionaria restituya los 195 millones de pesos perdidos en insumos y medicamentos. Este informe no solo pone en entredicho la gestión de la concesionaria, sino que cuestiona la capacidad del Estado para fiscalizar contratos millonarios que afectan directamente la vida y salud de miles de antofagastinos.