Una nueva polémica enfrenta el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, esta vez acusando que dentro de las instalaciones hubo una contratación entre familiares, específicamente entre hermanas y el novio de una de ellas, así como contrataciones sin concurso público y la existencia de relaciones previas entre autoridades y personas incorporadas a la institución.
El caso se origina con el ingreso de la abogada Katherine Gisselle Canario Salort como profesional del Departamento Jurídico del SLEP Licancabur. De acuerdo con los antecedentes recopilados, dicha contratación se habría efectuado de manera directa, sin mediar concurso público A ello se suma que el proceso habría contado con la venia del propio Departamento Jurídico del servicio, unidad en la que finalmente fue incorporada la profesional.
Esta contratación adquiere especial relevancia al constatarse que Canario Salort es hermana mayor de Gabriela Paz Canario Salort, quien se desempeña como coordinadora de Desarrollo Organizacional, área que forma parte de la estructura de Gestión y Desarrollo de Personas y que participa en procesos vinculados a la planificación y tramitación de contrataciones.
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La situación se profundizó al constatarse que, durante octubre, Gabriela Canario Salort, en su calidad de coordinadora de Desarrollo Organizacional, intervino en la aprobación del proceso de contratación de Bastián Alejandro Caro Araya, Ingeniero Civil Industrial con mención en Mecánica y pareja de su hermana mayor, Katherine Canario Salort, quien además fue incorporado a la Unidad de Compras de la Subdirección de Administración y Finanzas, pese a que su formación profesional no se encuentra directamente asociada a las funciones propias del área de adquisiciones públicas.
Reacción del SLEP Licancabur
Desde el SLEP Licancabur explicaron en tanto que, “este análisis consideró, entre otros aspectos, la existencia de parentescos entre funcionarios que se desempeñan en distintas áreas del Servicio Local, situación que, si bien no configuró irregularidades administrativas ni vulneraciones formales a los procedimientos de contratación, fue evaluada a la luz de los principios de probidad administrativa, transparencia y resguardo institucional que rigen la función pública”.
”Cabe señalar que los procesos de contratación de ambos exfuncionarios se realizaron conforme a los procedimientos vigentes del Servicio Local y no se detectaron intervenciones indebidas ni participaciones irregulares en dichos procesos. Sin perjuicio de ello, la medida adoptada responde a una decisión institucional preventiva, orientada a resguardar la integridad del servicio y la confianza de las comunidades educativas”, agregaron, concluyendo con que Katherine Canario y Bastián Caro ya no forman parte del servicio.