Una denuncia fue presentada por parte del concejal César Rojas, ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos derivados de los informes finales de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República respecto de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y el Cementerio Municipal de Calama.
La acción judicial se sustenta en los reportes N° 764, del 22 de diciembre de 2025, y N° 410, del 19 de diciembre del mismo año, documentos que dan cuenta de irregularidades administrativas, financieras y de control, calificadas como graves, reiteradas y sistemáticas.
Según se expone en la presentación, los antecedentes podrían eventualmente configurar ilícitos como fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, cohecho o prevaricación administrativa, entre otros, lo que deberá ser determinado por la Fiscalía durante el curso de la investigación.
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Dirección de Obras Municipales
En el caso de la DOM, Contraloría concluyó que el municipio no logró desvirtuar ninguna de las observaciones formuladas previamente, manteniéndose la totalidad de los reparos. Entre las situaciones detectadas figuran permisos de edificación otorgados sin cumplir requisitos legales esenciales, especialmente fuera del límite urbano y sin informes favorables del Minvu; aprobación de proyectos con diferencias relevantes respecto de lo autorizado; construcciones sin expedientes completos; y edificaciones de alto impacto en uso sin recepción definitiva.
Asimismo, se advirtieron errores en el cálculo de derechos municipales que habrían significado menores ingresos para la casa consistorial, además de conflictos de interés en los que funcionarios intervinieron pese a mantener vínculos personales con involucrados. El organismo contralor instruyó la invalidación de actos administrativos, la adopción de medidas correctivas y la realización de procedimientos disciplinarios.
Cementerio Municipal
Respecto del Cementerio Municipal, el informe describe un escenario de mayor complejidad, con desórdenes administrativos y financieros que impactan recursos públicos y derechos de los usuarios. Contraloría detectó cobros que no fueron ingresados de manera oportuna ni trazable a las arcas municipales, los que posteriormente se regularizaron sin que constaran investigaciones previas. También se identificaron ingresos no acreditados y deudas históricas sin cobrar que superarían los $160 millones.
A ello se suman exhumaciones y traslados de restos sin autorización sanitaria ni administrativa -incluido el caso de un lactante-, cobros directos realizados por funcionarios al margen del procedimiento legal, duplicidad en la venta de sepulturas y la inexistencia de controles básicos, con conciliaciones bancarias pendientes por años y sistemas de registro manuales vulnerables.
Debido a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría resolvió asumir directamente el procedimiento disciplinario y remitir los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado.