Josué Pizarro tenía 20 años. Oriundo de Montero, departamento de Santa Cruz, Bolivia, al igual que muchos compatriotas suyos, llegó a Chile de forma ilegal en junio pasado. Cruzó la frontera con amigos con el propósito de empelarse debido a la crisis que atraviesa su país producto del COVID-19, y obtener estabilidad financiera.
En Calama encontró trabajo en un taller de desabolladora y pintura de vehículos. Estaba feliz. Encontró algo de ingresos y con ella podía enviar dinero a su familia en Bolivia, la cual está compuesta por sus padres y sus dos hermanas.
Nunca antes había estado en Chile, por lo cual le tomó por sorpresa los días se asueto por fiestas patrias. En la tarde del sábado 18, junto a sus amigos compatriotas, se fueron a nadar al río Loa. El joven desapareció en medio del caudal. Su cuerpo ahogado fue hallado horas después por la policía.
Repatriación
Con su cadáver ahora en el Servicio Médico Legal, su familia hace una cruzada para regresar a Josué a Bolivia. Michael Troncoso es pareja de una prima de la víctima. Desde Calama, el apoya a la familia de Josué para trasladar al joven.
«El sábado nos informan a eso de las seis de la tarde que él había ido al río Loa a bañarse con unos amigos y todo. Resulta que, en ese rato en el que él estuvo bañándose allí, se ahogó (…) El padre de Josué hizo todos los trámites con la funeraria, pero esta nos engañó porque, cobrando lo que dijo cobrar por los trámites de repatriación, resulta que según ellos, el joven al estar en condición ilegal, no se podía efectuar su repatriación, no sin antes una serie de trámites que como familia ya no podíamos costear», cuenta Troncoso.
La de este joven inmigrante no es el primer caso de personas jóvenes que cruzan la frontera para un futuro mejor y que producto de las vicisitudes de la vida, perecen en tierras extranjeras. Ya en febrero conocimos el caso de otro coterráneo de Josué que, al igual que el, llegó buscando esperanzas, y solo halló la muerte en tierras ajenas.