A la pena de presidio perpetuo simple fue condenado un chileno de 27 años, como autor de los delitos de violación impropia reiterada respecto de tres víctimas menores de 14 años, además de los delitos de almacenamiento, distribución y producción de material pornográfico infantil, todos ellos, cometidos en la ciudad de Calama entre diciembre de 2021 y abril de 2023.
La investigación del hecho estuvo a cargo de la Fiscalía de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana de la PDI, en el marco de lo que se conoció como la “Operación Orión II”, dirigida precisamente a identificar y detener a autores de delitos de relacionados con la circulación de material audiovisual de explotación sexual de menores de edad y otros delitos conexos.
La pesquisa comienza en 2023 a partir de datos proporcionados por el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (NCMEC por su sigla en inglés), la cual recolectó una serie de reportes de compañías de servicios digitales que indicaban que un usuario específico, almacenó y distribuyó en distintas plataformas material con contenido sexual infantil.
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A partir de ello, diligencias ordenadas por la Fiscalía de Calama permitieron georrefenciar las direcciones IP utilizadas hasta llegar al domicilio del imputado, donde, además de detenerlo, se incautaron diversos dispositivos electrónicos con un total de 4.694 archivos de imágenes y 352 archivos de video con contenido sexual infantil.
Pesquisas posteriores permitieron establecer que, en varios de estos registros, las víctimas eran menores de edad que ocasionalmente quedaban al cuidado de la madre del imputado.
INVESTIGACIÓN
El fiscal Marcelo Bravo Valenzuela, quien dirigió la investigación, destacó el trabajo científico realizado en este caso, el cual permitió, a partir de la alerta de una organización internacional, coordinar diligencias para ubicar el domicilio donde se estaban cometiendo los ilícitos y recuperar numerosos medios de prueba.
“Se pudieron recuperar miles de imágenes y videos que acreditaban los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, como también un video producido por el imputado, lo que configura producción de material pornográfico infantil. A partir de esta evidencia, la investigación también acreditó que el imputado cometió delitos reiterados de violación impropia en contra de víctimas menores de edad”, comentó el persecutor.
Cabe señalar que este material era compartido por el imputado en grupos cerrados en los cuales participaba. De hecho, el día de su detención, en la lista de mensajes enviados de su celular aparecían 28 videos enviados a sus grupos de redes sociales.
Junto a la pena de presidio perpetuo simple, el tribunal impuso al condenado las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, medida que consistirá en informar cada tres meses su domicilio a Carabineros de la unidad policial más cercana.
Además, se le condenó a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, entre otras sanciones.
Por no cumplirse los requisitos legales para ello, una vez ejecutoriada la sentencia, la pena privativa de libertad deberá cumplirse de manera efectiva, sirviendo de abono el tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de libertad en la presente causa, esto es, 450 días.
La defensa del condenado dispone ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del tribunal de Calama.