Luego de una investigación iniciada el año pasado, por la Fiscalía de Calama y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, se logró de detener a ocho individuos -3 mujeres y 5 hombres-que integraban una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y la comercialización de cigarrillos de origen ilegal.
La investigación permitió establecer que la organización preparaba para mayo de ese año el traslado desde Calama a Copiapó, de una importante cantidad de droga y cigarros, para lo cual utilizarían tres vehículos, uno de ellos como “punta de lanza” y dos para el transporte del cargamento.
Desde ahí, la Fiscalía comienza a vigilar a un inmueble previamente identificado en calle Alberto Terrazas de esa ciudad, pudiendo advertir la llegada de dos vehículos, para luego observar la salida de un furgón, seguido minutos después por los automóviles antes mencionados.
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Posteriormente, los policías instalan un control vehicular en la ruta CH-25, logrando la detención de los tres vehículos y la recuperación, de 30 pacas de cigarrillos sin documentación aduanera y 47 kilos de marihuana, además de 955.000 pesos en dinero en efectivo. Paralelamente, al registrar del inmueble de calle Alberto Terrazas, se encontraron otras 138 pacas de cigarrillos de procedencia ilegal, 4 kilos de marihuana y 3.800.000 pesos en dinero en efectivo.
En cuanto a la condena, cinco de estos sujetos fueron condenados a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de tráfico ilícito de drogas, y a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por contrabando aduanero.
Por los mismos delitos, dos de los individuos fueron condenados a siete años de presidio mayor en su grado mínimo y cinco años de presidio menor en su grado máximo. Y por último, a uno de los antisociales se le impusieron las penas de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.
Penas que suman un total de 87 años de cárcel, en donde el tribunal estimó que los sentenciados deberán cumplir las penas impuestas de manera efectiva, considerándose como días de abono aquellos que han permanecido privados de libertad por esta causa.