La Delegación Presidencial Provincial de El Loa interpuso una denuncia formal por el delito de cohecho, luego de identificar a un funcionario público que presuntamente habría filtrado información confidencial a propietarios de locales de expendio de alcohol, en el marco de las fiscalizaciones coordinadas en la comuna de Calama.
El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros precisó que “hemos presentado una denuncia formal por el delito de cohecho, tras lograr individualizar a un funcionario público que presuntamente habría filtrado información confidencial a propietarios de locales de expendio de alcohol, en el contexto de las fiscalizaciones que hemos venido coordinando desde la Delegación Presidencial Provincial de El Loa”.
La autoridad provincial agregó que esta situación es grave, ya que no solo vulnera la confianza pública en las instituciones, sino que también pone en riesgo el éxito de los operativos destinados a combatir la venta clandestina y el funcionamiento irregular de estos establecimientos.
“No vamos a tolerar que intereses particulares o prácticas corruptas interfieran en este trabajo. La seguridad de Calama no se negocia. La transparencia y la probidad son pilares fundamentales de nuestra labor como Estado, y vamos a defenderlos con todas las herramientas legales disponibles”, precisó Ballesteros.
Fue así que, se presentaron los antecedentes a la Fiscalía de Calama y también a la Contraloría General de la República.
Cabe señalar que, desde la instalación de la Mesa de Fiscalización, la Delegación Presidencial Provincial de El Loa ha desarrollado un trabajo conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y la municipalidad, con el objetivo de recuperar espacios públicos, proteger a la comunidad y prevenir delitos graves.
Estas acciones han permitido clausurar más de 30 locales que operaban ilegalmente o que, aun contando con patente, representaban una amenaza para la seguridad o la moral pública, muchos de ellos vinculados a hechos de violencia, tráfico de drogas y delitos de alta connotación como homicidios, secuestros o trata de personas.
“Seguiremos fiscalizando, clausurando y denunciando. Porque Calama merece vivir en paz, y porque la corrupción no tiene cabida en el Chile que estamos construyendo”, concluyó el delegado presidencial.