Las tomas en la región son una realidad. Son un hogar y un refugio. sin embargo hay quienes ven una oportunidad de lucrar con las necesidades ajenas, haciendo de estos asentamientos un negocio, arrendando y vendiendo pública e indiscriminadamente a través de plataformas y redes sociales, como lo es “Market Place”.
Hace poco más de una semana, a través de una plataforma de la Universidad Católica del Norte, se dio a conocer un aumento de 89 a 135 campamentos (+52%) en el período de 2023, lo que equivale a casi 6000 familias nuevas o un 75,7% de incremento y expansión en asentamientos regionales.
En la zona norte de Chile, según informes de Techo Chile, se percibió un crecimiento en cuanto a las familias que viven en estos campamentos, aumentando un 5% más en comparación al año pasado (30%), siendo que las autoridades han avisado puerta a puerta que serán desalojados. En cuanto en la Región de Antofagasta, existían 233 hectáreas de campamentos hasta el año 2021, sin embargo este año han aumentado a 497, lo que son 802 canchas de fútbol, aproximadamente (SIT, 2023).
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Angelique Araya Hernández, Seremi de Bienes Nacionales, enfatizó que “queremos terminar con esa estafa de estar comprando o arrendando terrenos en tomas que no se van a regularizar, tomas que no vamos a permitir y que pedimos que no sigan construyendo porque van a perder esa inversión, van a perder esos materiales porque vamos a desalojar, además, muchas de estas ocupaciones ilegales se encuentran en sectores que son de riesgo, por lo tanto, tampoco podemos permitir y exponer a la familia”.
Otra arista que concierne a la población, es el microtráfico, ya que los delincuentes aprovechan estos sectores, para dedicarse a la venta y poniendo en riesgo la tranquilidad y seguridad de los niños, niñas y familias que habitan ahí, lo que “causa un desmedro económico a las arcas fiscales y por lo tanto a todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, el daño es bastante considerable”, agregó la Seremi.
Esta temática es algo que preocupa tanto a ciudadanos como autoridades. Uno de estos es el diputado Sebastián Videla, que afirmó que ha estado denunciando esta práctica desde que asumió su cargo, no obstante, está consciente de que “hay un problema grave con la crisis migratoria y la falta de primeras viviendas, pero es algo que se ha trabajado con el tiempo. Lamentablemente no todos los que habitan allí son regulares y eso entorpece los procesos”.
Es por esto que la Bancada Liberal, a la cual pertenece el parlamentario, presentó un proyecto de ley que fue aprobado hace varios meses. Este “tiene relación con la tipificación de cárcel a quienes sean sancionados por vender loteos de terrenos irregulares, desde los 3 años y un día de presidio, hoy estamos poniendo mano dura, contra quienes quieran hacer todo irregular”, narró Videla.
Por esta situación, es que se le hace un llamado a la ciudadanía a que denuncien. Hoy existen vías que el Estado dispone, para poder acceder a una vivienda, una de ellas es el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el cual proporciona viviendas dignas a los ciudadanos. En la región ya se han terminando más de 700 y la meta para el 2025 es de 17.400.
“Como gobierno, estamos trabajando fuertemente en el PEH para solventar la escasez de viviendas sociales, y queremos que las personas tengan la confianza de que podrán acceder a un vivienda propia y con ello también, terminar con el lucro ilegal de quienes se apoderan de terrenos del Estado para venderlos y estafar a personas que con justa razón, requieren de su casa”, añadió la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens Navarrete.
En cuanto a los desalojos, Bienes Nacionales afirmó que en Puerto Seco, hay varios desalojos programados que se están coordinando con la Delegación Presidencial Provincial de El Loa. “Ya están los posibles desalojados, por supuesto que ya están notificados, fueron fiscalizados y notificados y son acciones que vamos a llevar a corto plazo”, cerró Angelique.