La Fiscalía de Calama formalizó por el delito de cohecho a un ex funcionario de Carabineros que, de acuerdo a la investigación desarrollada, habría otorgado «protección» a locales comerciales en los cuales se explotaba sexualmente a víctimas de trata de personas en la capital loína.
Según expuso el fiscal (s) Claudio Rojas Piro en audiencia de formalización, los hechos se remontan a enero de 2022, fecha en que el imputado toma contacto con la denunciante, a quien solicita el pago de 300.000 pesos mensuales a cambio de servicios que consistían en otorgar protección a los locales que ésta mantenía.
En lo concreto, a cambio del dinero, el imputado evitaría que los locales de la comerciante recibieran infracciones y aportaría información sobre los controles que efectuara la denominada “comisión de alcohol”, datos a los cuales tenía acceso en su calidad de funcionario activo de Carabineros. Según los antecedentes reunidos, la comerciante accedió a este requerimiento los primeros días de febrero de 2022, efectuando en dicha ocasión el primer pago en dinero en efectivo.
Tales pagos se mantuvieron mensualmente hasta el mes de octubre de 2022, fecha en que el imputado, además de elevar el monto requerido por sus servicios, solicita a la víctima que, en lo sucesivo, el dinero fuera transferido electrónicamente a sus cuentas bancarias.
Dichas transferencias que se mantienen hasta julio de 2023, totalizando, la suma de 5.930.000 pesos, sólo por concepto de depósitos bancarios.
El fiscal (s) Claudio Rojas Piro explicó que el caso está conectado con la investigación por trata de personas con fines de explotación sexual, iniciada en el mes de septiembre en Calama. Cabe precisar que, obtenidos los primeros antecedentes de la actividad del imputado, la Sección de Asuntos Internos, Saicar, de Carabineros, inició una serie de indagaciones en conjunto con la Fiscalía de Calama, las que concluyen con la detención del ahora ex uniformado, concretada esta semana.
El ex uniformado fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Calama por el delito de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, en carácter de reiterado, y se dispuso su baja de la institución, quedando además con la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, y se dispuso un plazo de investigación de 70 días.