Por los delitos de secuestro con homicidio, secuestro calificado y receptación de vehículo motorizado, formalizó la Fiscalía de Calama a un ciudadano venezolano, por su presunta responsabilidad en hechos registrados el 23 de febrero pasado en el sector Limón Verde, cercano al aeropuerto de la capital loína.
Según la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, en conjunto con el Grupo de Investigación Especial de Homicidios Calama de la PDI, el imputado, en compañía de otros sujetos hasta ahora no identificados, y en razón de rencillas previas vinculadas al robo de camionetas, agredió y retuvo contra su voluntad a dos víctimas de nacionalidad chilena, exigiendo por la liberación de cada uno de ellos la suma de $10 millones.
Las víctimas fueron mantenidas atadas al interior de una camioneta con encargo por robo que estaba en poder del grupo, y durante su cautiverio fueron grabadas y obligadas a tomar contacto con familiares para solicitar el pago del dinero demandado.
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Tras varias horas de espera, y luego de no conseguir su propósito, los captores bajaron a las víctimas de la camioneta y las amenazaron con las armas de fuego y armas blancas que portaban, iniciándose entonces un forcejeo durante el cual ambos cautivos reciben heridas.
Producto de las lesiones, una de las víctimas fallece en el lugar, mientras que el otro resulta con lesiones graves que, de no mediar atención médica oportuna en el Hospital Carlos Cisternas, también pudieron provocarle la muerte.
Cabe indicar que personal policial que concurrió al sitio del suceso, logró levantar una vainilla de proyectil balístico y amarras plásticas, entre otros elementos utilizados por el imputado y sus acompañantes en el hecho.
El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, explicó que el imputado se encontraba en situación irregular en el país y además es investigado por la Fiscalía por el homicidio de un repartidor de gas perpetrado en enero de este año, caso por el cual se encuentra actualmente en prisión preventiva junto a otros dos detenidos.
El Juzgado de Garantía de Calama dispuso un plazo de investigación de 120 días, periodo durante el cual el Ministerio Público realizará diligencias para allegar nuevos antecedentes dirigidos a acreditar la responsabilidad del detenido y dar con el paradero de otros participantes en el hecho.