El pasado miércoles 17 de noviembre, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz -en el marco de sus facultades y obligaciones señaladas en el artículo 23, 13 y 24 de la ley N°19.175 sobre “Gobierno y Administración”, y considerando, el último informe sobre cambio climático de las Naciones Unidas-, determinó decretar alerta climática para la Región de Antofagasta y tomar acciones para enfrentarla.
En este sentido, Díaz expresó que “la crisis de cambio climático que estamos viviendo como humanidad es algo que requiere una acción concreta de todos y todas en el planeta. En nuestra región, tenemos distintos espacios que ha sido contaminados, por ejemplo, en Tocopilla producto de las termoeléctricas, en Calama existe un plan de descontaminación que todavía no se inicia, lo que pasó con el polvo en Antofagasta, lo que ha ocurrido con los relaves que aún siguen afectando a la población de Taltal”.
A partir de la total tramitación de la resolución en cuestión, el Gobierno Regional de Antofagasta se encuentra en estado de crisis climática. En este marco se dispone lo siguiente:
Guía de Productos y Servicios Locales
Descubre y apoya a los emprendedores de nuestra comunidad
¿Quieres ser parte de esta comunidad?
Implementación de criterios de sostenibilidad, eficiencia hídrica y reducción de emisiones de la huella de carbono, en todas las licitaciones efectuadas directamente por el Gobierno Regional, relacionadas con proveedores de servicios.
La promoción de requerimientos de certificación de sustentabilidad en viviendas sociales cofinanciadas por el Gobierno Regional o en terrenos financiados por el GORE en donde se construyan viviendas sociales.
Funcionarias y funcionarios del Gobierno Regional, deberán incorporar la crisis climática como factor a ser considerado en la elaboración de planes, proyectos, programas y estudios, especialmente, en instrumentos de planificación territorial.
El Gobierno Regional, promoverá la creación de políticas, planes, programas y/o proyectos para afrontar el cambio climático haciendo partícipes al sector público, privado, académico y la sociedad civil.