El Juzgado de Garantía de Calama decretó un plazo de 20 días para que las instituciones encargadas en Chile, Perú, Bolivia y Colombia concreten 31 expulsiones que se encuentran pendientes desde el inicio de la crisis sanitaria producto de la pandemia.
Durante dos semanas, en audiencias realizadas en una tercera sala remota, el tribunal ha oficiado a los diferentes organismos a cargo de materializar las expulsiones y logar así concretar las 31 órdenes de este tipo que están dictadas como penas sustitutivas.
Según explicó la juez presidenta, María José Salas, se han realizado todas las comunicaciones y coordinaciones con el fin de concretar estas expulsiones y que éstas personas puedan retornar a sus países de origen, pero lamentablemente éstos se han negado a abrir las fronteras.
“Hemos revisado en tres oportunidades el estado de estas causas, que están con orden de expulsión vigentes desde febrero en algunos casos, y pese a todos los esfuerzos de PDI, Ministerio del Interior, cuando se ha visualizado una fecha probable de expulsión, los países se han negado a abrir las fronteras”, sostuvo.La magistrada indicó que se trata en su mayoría de condenados de nacionalidad boliviana, están todos privados de libertad, y a la espera de concretar su salida del país.
