Con la lectura de los autos de apertura y la declaración de las primeras imputadas, comenzó en Antofagasta el juicio oral en contra de los 13 integrantes de la organización criminal denominada “Las Tías”, para quienes la Fiscalía de Focos, SACFI, está solicitando penas que, en total, bordean los 530 años de cárcel, además de 680 millones de pesos en multas.
El juicio reviste gran relevancia para el Ministerio Público, pues se trata de la primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región que se presenta acusación simultánea por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos, en contra de los líderes de una banda criminal.
“Las Tías” era una agrupación que operaba en la ciudad de Calama y que debe su nombre a su inusual estructura jerárquica, que era dirigida por dos mujeres de nacionalidad chilena (apodadas “Las Tías”), quienes ejercían su actividad ilícita en coordinación con hijos, esposos y familiares.
La banda se dedicaba a la venta y distribución de drogas, principalmente pasta base, actividad que realizaban de manera continua, en dos inmuebles deshabitados de Calama, los cuales habían sido “tomados” por la agrupación, aprovechando que sus legítimos propietarios habían fallecido.
INVESTIGACIÓN
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien estuvo a cargo de dicha investigación, explicó que la pesquisa comenzó en 2019 con distintas diligencias que permitieron ir conociendo la forma de actuar del grupo e identificar a sus integrantes y los roles que cada uno jugaba en la organización.
“Se trataba de una organización altamente jerarquizada, que era dirigida por ambas mujeres, apodadas ‘Las Tías’, quienes se encargaban de contactar a los proveedores de droga, repartirla entre sus mandos medios y, en general, tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la banda”, manifestó el persecutor.
Según la investigación, la venta de droga se realizaba a través de los denominados “soldados” o “pilotos”, que iban siendo constantemente intercambiados y reemplazados, mientras que otros miembros se dedican a trasladar la droga desde lugares de acopio a los domicilios para dar continuidad a la venta del producto.
La particularidad que tenía esta asociación ilícita -agregó el Fiscal Regional- es que llevaba varios años dedicándose ininterrumpidamente al tráfico de drogas en Calama y, pese a los constantes esfuerzos de las policías, no había sido posible desarticularla.
“Los domicilios (donde se vendía la droga) habían sido allanados varias veces, pero solo se había logrado detener a quienes cumplían el rol de vendedores. Por eso, esta investigación lo que hizo fue reconstruir toda la orgánica de la asociación ilícita para que, en definitiva, se pudiera acreditar la participación de los demás miembros, desde sus líderes y mandos medios, hasta los vendedores”, explicó el fiscal.
ACUSACIÓN
De esta manera, tras una larga investigación que se extendió por casi tres años y donde participaron OS7 Sección El Loa y la Sección Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Santiago, en septiembre del año pasado el Ministerio Público presentó acusación en contra de los 13 integrantes de la banda, solicitando para ellos un amplio repertorio de penas que, en total, suman alrededor de 530 años de cárcel, incluyendo penas de presidio perpetuo para los líderes de la estructura.
El Fiscal Regional destacó que, durante el juicio, el Ministerio Público expondrá ante los magistrados la abundante prueba reunida en estos años de investigación, donde se incluyen declaraciones, antecedentes patrimoniales de los imputados, escuchas telefónicas y pericias financieras.
“Se trata de un cúmulo de antecedentes que dan cuenta de complejidad que tenía esta organización, de los roles que jugaba cada integrante, como también de las maniobras que llevaban a cabo para ocultar o disimilar el origen ilícito de los bienes de los cuales se fueron proveyendo los imputados que están acusados de lavado de activos. Se trata de la acusación más importante que hemos realizado, sólo la acusación tiene 180 páginas”, puntualizó Castro Bekios.
Cabe señalar que, atendida complejidad de la investigación y la gran cantidad de prueba que se debe rendir, la sala el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, compuesta por los jueces Patricia Alvarado, Israel Fuentes y José Luis Ayala programó para su desarrollo audiencias diarias hasta el mes de junio, sin acceso a público por capacidad del tribunal.