El Juzgado de Letras de Calama resolvió fallar contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna (COMDES) la cual deberá pagar la suma de 15 millones de pesos a tres de sus profesores por «vulneración de derecho fundamentales y daño moral».
En efecto, la suma se divide para dos profesoras y un profesor del liceo Luis Cruz Martinez (5 millones para cada uno de los demandantes), quienes acusaron malos tratos de parte de la directiva del establecimiento.
Por lo anterior, el juzgado resolvió que «se ordena el cese inmediato de los actos vulneradores de derechos fundamentales ejercidos contra los actores y se prohíbe cualquier tipo de represalia en su contra. Además, la denunciada deberá ofrecer disculpas a los denunciantes en un acto público en el establecimiento educacional y los funcionarios directivos deberán ser 50 capacitados respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores».
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CASOS
Entre estas vulneraciones, una de las denunciantes, profesora del liceo Luis Cruz Martinez quien presentó la demanda en abril de 2023, consta que «mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica y mediante procedimiento del todo irregular, la actora (demandante) es informada por sus compañeros que había sido sacada del cargo de jefa de departamento, el cual ejercía la actora desde el año 2018 (…), cuestión que fue totalmente inesperado y lo que fue en total perjuicio de la actora ya que, le fue disminuida su carga horaria que normalmente poseía y lo que implica una disminución en sus remuneraciones».
Por su parte, un docente del mismo establecimiento acusa que, existiendo un cambio en la directiva del establecimiento, comenzó en el liceo un ambiente de presión laboral. «Desde la llegada del nuevo director, todo cambió, esto debido a que el actuar del nuevo director afecto el clima laboral que existía en el establecimiento, tornándose un ambiente laboral tóxico producto del propio actuar del director del establecimiento educacional. Desde la llegada del Sr. Morales comenzó el hostigamiento en contra del actor, debido a que el Sr. Morales desde su llegada cuestionó el trabajo de su representado, haciendo comentarios denotativos en contra del actor ante los demás profesores como por ejemplo ‘Mitchel no hace clases’, ‘No trabaja'».
La tercera denunciante, profesora de aula también del A-23, y también en directa alución al ya mentado director, consta en su denuncia que pese a la existencia de ley sobre la flexibilidad horaria tras la pandemia, la directiva no permitía su aplicación.
«El fundamento que tuvo el Sr. Morales de negar aplicar el horario flexible fue fundando en que los docentes, incluida la actora, solicitaban dicha modificación porque no querían hacer clases, que los docentes no cumplían con los deberes, que él sabía que había profesores que no habían realizado clases virtuales y que se iban al mall o de viaje».