Desde la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, informaron de la solicitud -conjunta a varios organismos- que se le hizo a la Municipalidad de Calama, para decretar una ordenanza, en la que cada bolso o maleta que vaya en un bus interurbano, deba tener los datos de quien la deja, esto con la intención de frenar el traslado de droga en los bultos, los que luego de ser encontrados por Carabineros, casi nunca tienen propietario.
En conversaciones con el programa «La Tardera» de Radio María Reina, Miguel Ballesteros, Delegado Presidencial Provincial de El Loa, confirmó que desde mayo han intentando poder entablar este tema en el Concejo Municipal. En tanto, por su parte, Eliecer Chamorro, aseguró que dicha solicitud no ha sido presentada.
Respecto a las responsabilidad que tienen como consistorio, Chamorro clarificó que, «cuando tu hablas de una ordenanza de esas características, no pasa por la municipalidad, pasa por el ministerio del transporte, entonces más allá de la voluntad que tenga el municipio, depende de otro organismo. Pero, en esto hay que ser muy concretos, la delincuencia no se termina con los bolsos, cuando quiero combatirla, no solamente debo hacerlo dentro de la ciudad, también tengo que hacerlo desde fuera».
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Sin embargo, Ballesteros desmintió al edil diciendo que, «nadie le está tirando la pelota a nadie. Hay materias que son de regulación de los municipios, como son las normativas que regulan los terminales de buses, y estos son los que obligan a los buses interurbanos a tener cierto registro. Hoy la ordenanza no obliga a las empresas a tener este registro que estamos pidiendo, por lo que no sabemos de quienes son los equipajes que están llevando droga».
Finalmente, Chamorro se abrió a la oportunidad de dialogar en concejo con las autoridades solicitantes de esta ordenanza, sin embargo el edil fue claro en decir que, «eso no es la solución, sino más bien de cómo podemos regular el ingreso de la droga a la ciudad, y ahí se requiere mayor inteligencia policial, mayor recursos, mayor autonomía a los gobiernos regionales y a los municipios, mayor poder legislativo con respecto a las sanciones y las multas, es decir, un trabajo mancomunado, pero del Estado».
Ballesteros en tanto, cerró diciendo que, «antes que se termine el año, sería súper bueno, y un regalo muy importante para el OS7 y para el Ministerio Público, que ahora incorporó 16 nuevos profesionales para combatir el crimen organizado, que se logre esta ordenanza. Por lo tanto, hay que avanzar en todas las líneas, y la normativa vigente es una de estas».