Durante esta mañana las dirigencias de los sindicatos N°1, 2 y 3 de Chuquicamata anunciaron que presentaron una querella criminal contra la cuprífera Codelco, acusando que sus administración realizó maniobras de intimidación a sus trabajadores accediendo a sus fichas médicas.
Según leyó la dirigente del sindicato N°2, Lilian Ugarte «en conjunto a nuestros asesores legales presentamos una querella criminal en contra la alta plana de Codelco -es decir desde el presidente del directorio hasta el gerente del hospital del cobre-. Ello, sustentado por el ingreso ilegal a las fichas clínicas de los trabajadores, cuestión que provocó la persecución hasta estos, amenazándonos con despido inmediato de la empresa. La maniobra ilegal que afectó a cerca de mil trabajadores y trabajadoras, todo con el fin de intimidar a nuestros socios y socias».
Asimismo explicó que la empresa al tener acceso a estos datos «se buscaba instaurar a los trabajadores un aura de miedo y temor ante la separación de sus funciones, dada a la amenaza de despido inmediato. Esta acción delictiva fue realizada por personal médico en conjunto en complicidad a ejecutivos de la administración de Codelco».
Al respecto el abogado asesor de los citados gremios, Rodrigo Arizmendi dijo que «nosotros estudiamos bastante este asunto y creemos que está establecido (los nombres de los inculpados) y así se verá en tribunales de quienes maliciosamente se reunieron para causar un daños a los trabajadores. Tenemos a todos con nombres y apellidos de la alta plana de Codelco. Serían 12 personas que van desde el directorio hasta médicos que participaron en el hospital del Cobre. Hay personal de terreno, de recursos humanos, de la gerencia de seguridad ocupacional y en definitiva, la lista es bastante grande».
Asimismo agregó que «Acá hay un tema concreto, hay una nueva política de modelo de negocio de reducir costos y eso es en definitiva el asunto principal, ya sea sacando a los trabajadores antiguos para remplazarlos por trabajadores nuevo y además externalizando los trabajos».
Por último esgrimieron que esta acción se suma a otras ya presentadas anteriormente, como una denuncia hecha a la Superintendencia de Salud, a la Contraloría General, al Consejo de Transparencia y a la Comisión de Minería de la Cámara de diputados.