La Comunidad Indígena Atacameña San Francisco de Chiu-Chiu, representada por su Presidente don Guillermo Romero Estay, junto al respaldo técnico y estratégico de la Alianza por los Humedales Andinos, ha iniciado formalmente el proceso para que el área conformada por la Laguna Inka Coya y las vegas del Río Salado sea declarada como Monumento Natural, conforme a la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
La solicitud, que contempla una superficie de 445,29 hectáreas ubicadas en Calama, busca reconocer y proteger un espacio vital que combina valores ecológicos, culturales, hidrológicos y paisajísticos únicos, y que ha sido resguardado históricamente por la comunidad local.
La laguna Inka Coya es alimentada por aguas subterráneas del río Loa, la cual alberga una diversidad de ecosistemas, tales como quebradas, vegas y bofedales que han sido fundamentales para el desarrollo de actividades tradicionales como el pastoreo, el uso ritual y la conservación del equilibrio ecológico.
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Las vegas del Río Salado, cercanas a la laguna, constituyen un corredor biológico clave y una reserva natural imprescindible para el equilibrio ecológico del desierto altoandino. Sin embargo, la presión de la gran minería ha afectado los sistemas hídricos, la biodiversidad y las prácticas ancestrales que dan aún más vida a esta comunidad.
El área también reviste un alto valor cultural y espiritual, al contener sitios arqueológicos y paisajes significativos que han sido escenario de prácticas ceremoniales desde tiempos preincaicos. La cosmovisión indígena reconoce este territorio no sólo como un espacio físico, sino como un espacio de vida y memoria, donde se preserva el vínculo entre los seres humanos, la naturaleza y sus ancestros.
Por todas estas razones, se propone la categoría de Monumento Natural, que permitirá resguardar este valioso entorno natural bajo una figura jurídica que reconozca tanto su valor ambiental como cultural. Dicha propuesta contempla una área de conservación mixta, integrando terrenos bajo propiedad de la comunidad y sectores de uso público, como parte del sistema hidrológico del río Salado. Este proceso es clave para defender los humedales altoandinos y reconocer los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias.
Desde la Comunidad Indígena de San Francisco de Chiu Chiu y la Alianza por los Humedales Andinos, llamamos a autoridades, al mundo científico, a las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía, a respaldar esta solicitud como un acto de justicia ambiental, territorial y cultural.