Este lunes, se informó respecto a la movilización que están realizando los apoderados de la escuela República de Bolivia, con motivo de protestar por el reintegro de una profesora acusada de maltrato en contra de los alumnos de un curso en particular. En la misma nota hecha por este medio de comunicación, los padres comentaron que su reincorporación se debió a que, el juzgado dictaminó que debía volver, ya que no había motivo para desvincularla.
Por esta razón, desde la defensa de la profesora, criticaron el accionar del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, diciendo que «(esto) vuelve a poner bajo escrutinio la gestión administrativa tras conocerse que el organismo fue declarado en rebeldía judicial por no responder dentro del plazo legal a la demanda laboral presentada por la docente, y que ahora busca declarar la causa en secreto».
De acuerdo con los antecedentes oficiales, la Contraloría General de la República determinó que el traslado de la profesora, efectuado en marzo de 2025, “no se ajustó a derecho”, debido a que no existió acto administrativo motivado ni notificación formal previa, instruyendo al SLEP a regularizar su situación y reubicarla en su establecimiento de origen.
El dictamen advirtió que la decisión vulneró la normativa vigente en materia de dotación docente, configurando una actuación irregular. Posteriormente, el Tribunal de Letras del Trabajo de Calama acogió una medida cautelar de reincorporación inmediata a favor de la docente. «En la misma causa, el SLEP Licancabur fue declarado en rebeldía, quedando imposibilitado de contradecir los hechos o presentar teoría de defensa salvo la aparición de nuevos antecedentes», agregaron.
En medio de este proceso, el propio SLEP -mediante respuesta oficial a una solicitud por Ley de Transparencia- reconoció que no existe ningún procedimiento disciplinario, sumario ni sanción vigente en contra de la profesora. Asimismo, el documento confirma que las denuncias formuladas por algunos apoderados en años anteriores no prosperaron, ya que no se iniciaron investigaciones ni se establecieron responsabilidades. “no existe resolución administrativa ni judicial que impute responsabilidad alguna a la profesora” indicaron desde el equipo legal de la profesora.
Pese a ello, la institución difundió un comunicado a la comunidad educativa informando el retorno de la docente “por orden judicial”, sin aclarar que no existen faltas ni sanciones en su contra, omitiendo antecedentes claves que explican el origen del conflicto. De forma paralela, la profesora presentó informes médicos y peritajes psiquiátricos que acreditan síndrome de burnout y trastorno depresivo mayor derivados de las condiciones laborales, diagnóstico emitido por el Dr. Cristian Prado Matte, médico psiquiatra de la Universidad de Chile, magíster en Neurociencias y perito judicial inscrito en el Registro de la Corte N°3730.
Del mismo modo, entregó una carta abierta a la comunidad del establecimiento educacional: «colegas, niego absoluta y categóricamente todas las imputaciones que se me han hecho. Lo hago convencida de mi inocencia y de que mi conducta profesional siempre se ha guiado por el respeto, la vocación y la altura moral que nuestra noble profesión exige».
«Por lo mismo, no acepté ser retirada de mi jefatura ni de la carga horaria asignada para este año, porque hacerlo significaría validar omisiones, errores y maltratos cometidos en mi contra. Asimismo, he decidido iniciar acciones legales contra todos quienes han emitido juicios infundados sobre mi trabajo, dañando mi nombre y reputación. Es hora de poner fin a la impunidad con que se denosta nuestra labor docente sin pruebas», cerró.