Esta mañana un grupo de representantes de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que prestaban servicios a empresas de energías renovables, se reunieron para acusar que las mandantes no les han cancelado sus servicios, y también que, pese a realizar las denuncias y gestiones con las autoridades regionales y centrales, estas no le han dado más respuesta que un «no nos compete».
Carlos Barrera es representante legal de empresas transportes Huachipato, la cual prestó servicios a FS Energía, la cual ejecutó los trabajos a Starling. Según dijo, esta empresa le adeuda entre 65$ a 70$ millones por servicios de alimentación.
«Hemos hecho todos los tramites a nivel nacional, incluso hablando con el ministro de energía (Juan Carlos Jobet). Y el me ha dicho que cuando ellos entregan un proyecto, después no tienen nada que ver con lo que la empresa hace. Encuentro raro eso porque en este país hay permisos y las empresas que ejecuten las obras deben contar con dichas condiciones, cumpliendo las leyes».
También este empresario agrega «Nos sentimos en tierra de nadie porque no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Las empresas foráneas hacen lo que quieren. Todos los empresarios que estamos acá estamos quebrados porque pusimos todo nuestro dinero en esos proyectos».
Por su parte Pedro Guzmán, representante legal de Inservic Spa que realiza servicios ambientales dice que «tenemos una deuda con tres plantas fotovoltaicas. Proporcionábamos baños químicos y abastecimiento de agua para cuando estas inician su primera fase de faenas. Entramos en tres pequeñas plantas El Desierto, Los Andes y Huerto Solar de la empresa Tesan. Esta nos dejó una deuda de $70 millones, y no pudimos cobrarla porque se fueron del país. Tenemos proveedores y generamos un daño al no poder cancelarle a otras pymes que nos apoyan en esto».
Por último Mauricio Ocaranza, representante de una empresa de arriendo de maquinaria dijo que «me he visto afectado en cuatro proyectos de la zona, Santa Isabel, Valle del Sol, La Cruz y la Subestación Andes. Los servicios nuestros no han sido cancelados y he solicitado reunirme con los mandantes pero no nos dan respuesta concreta. Tengo una deuda de 140 millones por incumplimiento de pagos. Hoy nos hemos reunido pymes de Calama y Antofagasta para realizar una demanda colectiva y solicitar a las autoridades de la zona y a nivel nacional que esto no se repita. Hay familias detrás y esto es una cadena viciosa que trae un daño tremendo».