Un largo debate se ha llevado a cabo desde septiembre de 2018 cuando el recién juramentado diputado por la región de Antofagasta, Esteban Veláquez (Regionalista) ingresó un proyecto de ley que establece un royalty minero del 3% a la extracción del cobre y del litio, bajo la figura de un Derecho del Estado a ser compensado por la explotación de estos recursos naturales no renovables.
Esta semana será decisiva para el país, puesto que este martes el Presidente de la Cámara de Diputdos puso en tabla el proyecto de Velásquez que cuenta con la aprobación de la Comisión de Minería, aunque con el rechazo de la Comisión de Hacienda (con votos DC incluidos).
Por ese motivo, diversos actores del mundo político y económico han relevado el tema del royalty minero. La semana pasada fue un experto del Banco Mundial, Christopher Sheldon, quien señalaba la pertinencia de revisar los regímenes tributarios de las mineras indicando que en casi todos los países mineros existe la figura del royalty a la extracción del mineral a diferencia de los impuestos que se calculan sobre las utilidades, como ocurre en Chile con el Impuesto Específico a la Minería que consiste en una tasa progresiva calculada sobre la rentabilidad de las mineras; desmintiendo los temores de ahuyentar la inversión extranjera.
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Este fin semana fue el turno del experto en economía Ramón López, Doctor en Economía por la University of British Columbia, Canadá, quien es además profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Instituto de Economía Política y Social (IEPS), quien sostuvo en La Tercera que “el patrimonio de Chile se reduce cada año en US$ 8.000 millones (10.000-2.000)” por no contar con un Royalty real.
“Hay efectos positivos adicionales al pago de royalty, como la diferencia entre los salarios del sector y el salario medio de los trabajadores y proveedores en el resto de la economía (entre US$ 900 y US$ 1.100 millones), beneficios en términos de tecnologías e I+D (estimados en US$ 500 millones), y efectos ambientales que generan pérdidas estimadas en US$ 300 millones. Los beneficios netos que aporta la gran minería privada a Chile serían de US$ 1.300 millones (1.100+500-300) más la recaudación del impuesto específico o royalty, US$ 700 millones en un buen año. En total US$ 2.000 millones anuales. Sin embargo, las rentas económicas estimadas en nuestros estudios en un año normal son US$ 10.000 millones, que equivalen al valor económico del cobre extraído. Por lo tanto, el patrimonio de Chile se reduce cada año en US$ 8.000 millones (10.000-2.000)”, afirmó el destacado académico.
“¿Lecciones? La renta económica es el exceso de ganancia del capital por encima de su retorno normal. Si el Estado cobra una parte significativa de esa renta, los incentivos para invertir no se afectan, por lo que abstenerse de cobrar la renta no solo implica dejar de ganar, sino reducir el patrimonio de Chile. Para evitar la pérdida patrimonial es vital invertir la recaudación extra en otros activos productivos“, agregó.
“Es decir, existe la necesidad imperiosa de implementar un royalty que recaude mucho más que el actual impuesto específico a la minería“, sentenció el economista.
¿Se ahuyenta la inversión?
“El Sr. Chile tiene una mina en su propiedad. ¿Cuánto puede cobrarle a un inversionista por el derecho exclusivo a su explotación? Considerando que la tasa de retorno del capital después de impuestos fuera de la propiedad del Sr. Chile es 10% anual, la inversión requerida para la explotación es de US$ 1.000 anuales, el retorno del capital en la mina es de un 30% anual después de impuestos, excluyendo el impuesto específico (similar al retorno que hemos estimado de la gran minería en Chile); el inversionista obtiene afuera US$ 100 y US$ 300 explotando la mina. La renta económica de esa mina es US$ 200 por año (300-100): la diferencia entre lo que retorna la inversión en la mina y el retorno del capital afuera. Estos US$ 200 equivalen al valor del recurso minero que se extrae”, comenzó ejemplificando el experto.
“Ahora, si el Sr. Chile cobra el 10% de la renta económica, US$ 20, (aproximadamente lo que cobra Chile como impuesto específico o “royalty”), el inversionista obtiene un retorno neto por su capital de US$ 280 anuales (US$ 300-US$ 20), US$ 180 por encima de los US$ 100 que puede obtener afuera. Invierte feliz“, señaló.
“¿Qué pasa con la inversión en Chile si el vecino, Sr. Perú, decide no aplicar ningún cobro y permite que un inversionista se lleve toda la renta? El inversionista en Chile aún estará feliz con su retorno; pero si aun así decide no invertir, habrá muchos inversionistas interesados en obtener un retorno de US$ 280 por sus US$ 1.000, dado que tienen un costo de oportunidad de solo US$ 100 anuales. La inversión en la propiedad del Sr. Chile no se afecta“, explico López.
Cabe destacar que el proyecto ingresado por Esteban Velásquez, diputado por la región de Antofagasta, que será votado este martes 23 de marzo (día del aniversario de la comuna minera de Calama) cuenta con la participación de las diputadas Alejandra Sepúlveda (Regionalista), Natalia Castillo (FA), Catalina Pérez (RD), Daniela Cicardini (PS) y los diputados Jaime Mulet (Regionalista), Marcelo Schilling (PS), Pedro Velásquez (Ind) y Pablo Vidal (RD), destacando además el diputado Nicolás Noman de la UDI; por lo que contaría con el respaldo transversal de la oposición, aunque la DC votó en contra en la Comisión de Hacienda.