Este 28 de mayo entró oficialmente en vigencia la Ley N°21.717, normativa que regula los denominados funerales de alto riesgo en Chile. La nueva legislación busca evitar que estos eventos, muchas veces asociados al crimen organizado, se conviertan en focos de violencia o perturbación del orden público, a través de una coordinación intersectorial encabezada por los delegados presidenciales.
El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, destacó la importancia de este avance: “Esto es un paso fundamental para contribuir a recuperar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos donde se generan este tipo de funerales”, afirmó.
La ley contempla una estrategia conjunta que involucra a las policías, Fiscalía, Gendarmería, el Servicio Médico Legal y centros de salud. Este trabajo articulado permitirá establecer, mediante resoluciones específicas, cuáles funerales requieren intervención estatal para resguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Desde Carabineros, el prefecto y coronel Oliver Matteo explicó que la institución ha recibido capacitación y ya cuenta con los protocolos necesarios para operar bajo este nuevo marco legal. “A nivel institucional hemos realizado las coordinaciones con la autoridad administrativa para comenzar a trabajar en el contexto de esta ley”, señaló.
Entre las facultades que otorga la nueva normativa está la posibilidad de restringir los tiempos de velorio y funeral a un máximo de 24 horas en casos calificados, establecer rutas de desplazamiento vigiladas, prohibir el ingreso de elementos peligrosos y realizar controles preventivos a los asistentes. Además, quienes infrinjan estas disposiciones se exponen a penas que van desde los 541 días hasta tres años de cárcel.
“La ley nos da herramientas concretas para controlar y fiscalizar estos funerales, de manera que no alteren la vida de las personas y no generen sensación de inseguridad en los barrios”, agregó Matteo.
Con esta medida, las autoridades esperan disminuir la exposición de las comunidades a situaciones violentas o intimidatorias, contribuyendo a reforzar el orden y la convivencia social en sectores históricamente afectados por el crimen organizado.