El Diputado Jaime Araya, junto a un grupo transversal de parlamentarios/as, presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad establecer medidas que resguarden la seguridad del público asistente y trabajadores de eventos masivos donde se desarrollen o expresen manifestaciones promotoras de “narcocultura”, violencia contra la mujer, manipulación de armas de fuego o cualquier otra vulneración a las normas de orden público. Esto, a raíz de la polémica por la participación del artista “Peso Pluma” en el Festival de Viña del Mar.
En ese sentido, la propuesta legal establece que «se entenderá por promoción a la “narcocultura” a todas aquellas expresiones que normalicen el fomento o desarrollo de actividades que sean contrarias a lo dispuesto en la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como también, el consumo de éstas».
«Junto a un grupo transversal de diputados y diputadas hemos presentado un proyecto de ley contra los narco recitales. Nos parece que tiene que haber exigencias especiales, que tengan que contar a lo menos con un detector de metales, detector de municiones, de armas de fuego, tiene que haber un perímetro especial donde no se puedan acercar vehículos motorizados, y además también queremos saber cuáles son las medidas adicionales que va a haber que disponer para esta situación», sostuvo el diputado Araya.
El parlamentario agregó que «el proyecto de ley lo que busca es generar un estatuto especial cuando se produzcan manifestaciones de la cultura narco y, por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al gobierno a recoger este proyecto, a hacerlo parte incluso del proyecto que regula la seguridad privada una vez que esté promulgado, porque lamentablemente los narco recitales son una realidad en nuestro país».
Respecto al detalle del proyecto de ley, se establece que los organizadores deberán disponer la contratación de personal capacitado para el control de los asistentes en las zonas donde se instalen los detectores de metales, así como también en el manejo de las cámaras de vigilancia. En la eventualidad de detectarse eventuales ilícitos, los organizadores de eventos masivos tendrán la obligación de denunciar o dar aviso a las fuerzas de orden público, a la brevedad, con la finalidad de poner a disposición de los tribunales a los infractores de ley.
Asimismo, la autoridad pública que haya autorizado la realización del evento quedará sujeta a las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
Por último, dentro del contexto de eventos masivos dirigidos hacia la comunidad, los Alcaldes que dispongan la contratación de personas o grupos que dentro de sus expresiones desarrollen o expresen manifestaciones promotoras de “narcocultura”, violencia contra la mujer, manipulación de armas de fuego o cualquier otra vulneración a las normas de orden público, deberán realizarlo mediante decreto alcaldicio fundado, dentro del cual se deberá expresar las razones de su contratación y el beneficio que ello reporte a la comunidad.