Chile tiene una deuda histórica con la niñez y adolescencia, sabemos que no hemos invertido en proteger lo que debería ser lo más prioritario del país, porque como siempre hemos dicho “los niños son el futuro”.
El domingo pasado se votó la posibilidad de redactar una nueva Constitución, donde ganó la opción del apruebo, pero ¿qué deudas prometemos liquidar con las niñas y niños de nuestro país?
En este contexto, reconocer constitucionalmente a la niñez requiere una serie de mandatos que el Estado de Chile debe cumplir: derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad, acceso a la salud, deporte, juego y un sinfín de garantías que pueden derivar a modificar o crear nuevas leyes.
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Si sus derechos están reconocidos e incluidos en la nueva constitución, el Estado no podrá objetar proyectos de ley o uso de fondos para invertir en políticas garantes de derechos, es más, lo deberá hacer de manera obligatoria. Si observamos las constituciones de los países de Latinoamérica como Brasil, Bolivia o Colombia, no solo se han mostrado de acuerdo en que la niñez es un foco importante de preocupación, sino que han hecho un reconocimiento formal de sus derechos en su Carta Magna.
En Chile, a nivel constitucional, solo tenemos un artículo que hace alusión a la protección de la familia, en el cual asumimos que están incluidos las niñas y niños. Sin embargo, en ningún momento nos hemos basado en los tratados internacionales que Chile se ha suscrito, como la Convención de los Derechos del Niño de 1990, que deberían ser tomados en cuenta para que realmente nuestra infancia tenga oportunidades reales de crecer en espacios igualitarios.
Lo que debería contener la nueva constitución es la declaración explícita de participación de la niñez y adolescencia en todas las materias que les competen, por lo demás, es uno de sus derechos fundamentales. No podemos seguir obviándoles en proyectos, en interacciones ciudadanas o en cualquier elemento que oriente la constitución política del país, ya que las niñas, niños y jóvenes, son nuestra prioridad y responsabilidad.
Nos queda camino por recorrer para seguir fomentando la participación de la niñez, no obstante, tenemos un gran desafío: ¿Cómo forjamos las condiciones para que las niñas, niños y jóvenes puedan participar del proceso constituyente, a pesar que nosotros mismos “los adultos y adultas” decidimos que ellos no pueden participar?