La Comisión de Economía del Senado aprobó en general el proyecto de ley presentado por el senador Esteban Velásquez (FRVS) que modifica la Ley General de Bancos para permitir excepciones al secreto y reserva bancaria para autoridades públicas. 
Este proyecto, originalmente ingresado en 2022, tiene por objeto elevar los estándares de transparencia para quienes ejercen funciones públicas, estableciendo que desde el primer día en que una persona asume responsabilidades estatales debe autorizar el levantamiento del secreto bancario y permitir que los movimientos financieros sean revisados por organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Cabe destacar que una indicación similar impulsado por el Ejecutivo fue rechazada previamente en la cámara de diputados, por lo que la iniciativa del senador Velásquez se constituye ahora como la propuesta vigente para avanzar en este ámbito.
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En declaraciones al medio regional, Esteban Velásquez, que es también autor del Royalty Minero, expresó su satisfacción por el avance legislativo: “Este proyecto de ley que presentamos el año 2022, y cuyo objetivo es elevar las condiciones y estándares del levantamiento secreto bancario, finalmente se ha aprobado en la Comisión de Economía. Nos parece un paso importante, porque hoy lo que la ciudadanía exige es que quienes participamos directamente en la política —desde los gobiernos de turno, el parlamento, incluidas las propias fuerzas armadas— estemos a la altura de evitar que el crimen organizado intente continuar permeando el Estado.
“Este proyecto tiene como objetivo central que, desde el día uno que asumimos estas responsabilidades políticas o de alguna relación con el Estado, quienes somos electos por voto popular o designados, tenemos la obligación de autorizar el levantamiento del secreto bancario, que se revisen y fiscalicen los movimientos bancarios por parte de la Unidad de Análisis Financiero y del Servicio de Impuestos Internos. Estos son estándares que ya hemos avanzado en la Comisión de Economía. Es una señal importante.”
Velásquez además subrayó que su propuesta va más allá de la versión del Ejecutivo rechazada, pues su iniciativa apunta a una fiscalización más amplia y rigurosa, aplicable a autoridades electas y designadas, incluyendo altos mandos de las Fuerzas Armadas. Este tipo de normas, estamos seguros que inhibe y desincentiva al crimen organizado en su afán de corromper a las Instituciones del Estado