Preocupada por una serie de denuncias cada vez más recurrentes en la región, la diputada del Partido Social Cristiano, Yovana Ahumada, ofició al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y al director regional de SERVIU, Víctor Gálvez, para que se investigue el destino de las viviendas sociales que se han entregado recientemente. En su escrito, la parlamentaria exigió a las autoridades que se adopten medidas concretas, en caso de constatarse eventuales casos de arriendo, cesión o venta irregular de inmuebles, que por ley deben ser entregadas a las familias de escasos recursos que más lo necesitan.
“He solicitado que se fiscalice a fondo. Nos están llegando denuncias de viviendas sociales que no están siendo habitadas por sus beneficiarios, sino arrendadas, traspasadas o incluso vendidas, lo que no solo constituye un abuso del sistema, sino que es una injusticia para las miles de familias que siguen esperando por la casa propia”, señaló la diputada Yovana Ahumada.
Según la parlamentaria antofagastina, “nuestra normativa es clara, viviendas sociales no pueden ser vendidas ni arrendadas en los primeros años, y deben ser habitadas por quienes recibieron el beneficio. No puede ser que alguien que recibió una casa presuntamente por necesidad, termine lucrando con ella. Y se han visto casos donde la persona que recibió el beneficio ya no es vulnerable, e incluso trabaja para el Estado, lo que me parece indignante”, afirmó Yovana Ahumada.
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En ese sentido, la diputada Ahumada espera que las autoridades de Vivienda, le informen a Ahumada sobre los mecanismos de control actuales, la existencia de posibles sumarios o causas judiciales en curso, y cuántos subsidios han sido revocados por incumplimientos en los últimos años. Asimismo, solicitó saber si por parte del Ejecutivo se están considerando reformas normativas, con el objetivo de endurecer las sanciones cuando se detecten estos abusos.
“En nuestra región de Antofagasta, donde la crisis habitacional golpea con más fuerza y los precios se encuentran por las nubes, cada vivienda social mal usada es una oportunidad desperdiciada para una familia que sí la necesita. Estas viviendas son para vivir y no para lucrar”, concluyó la legisladora Yovana Ahumada.