Revuelo ha causado en el país la destitución de Karen Rojo (Indep) de la alcaldía de Antofagasta por un delito de fraude al fisco cuyo juicio aún no termina. Sin embargo, no es la única autoridad edilicia en la región que ve sus días opacos por un caso de fraude al fisco. En mayo de 2018 se reveló la compra de una propiedad que pertenecía a un familiar del alcalde de Calama, Daniel Agusto, una casa que estando avaluada en 60 millones fue comprada por su Municipalidad en 190 millones, según acusó en su oportunidad la concejala Dinka López, “una transacción que le significó finalmente un beneficio económico” a la prima del alcalde y directora de la Corporación, Jubitza Tapia, según confirmó la Contraloría General de la República tras una investigación por estos hechos que, según su Informe, son constitutivos del delito de fraude al fisco.
Según consta en el numeral 2 del capítulo II del Informe en cuestión, la Contraloría indicó que se advirtió que la señora Jubitza Tapia Pérez, prima del Alcalde Daniel Agusto y actual Directora Ejecutiva interina de la COMDES “tuvo conocimiento previo de la necesidad de dicha corporación para la adquisición del inmueble, manejando información relevante sobre la disponibilidad de recursos para su compra, las características del terreno y como este se financiaría, evidenciando, al menos, un potencial conflicto de interés, al disponer de información relevante, respecto de una transacción que le significó finalmente un beneficio económico a la citada profesional”.
El Informe agregó que “se verificó que el Alcalde de la comuna de Calama, y la Directora Ejecutiva de la COMDES efectivamente cuentan con el grado de parentesco de cuarto grado de consanguinidad, situación, además, confirmada a este Organismo de Control por medio de correo electrónico de 2 de octubre de 2018, por la señora Tapia Pérez”.
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Así, que por medio del Oficio N.º 1.444 de la Contraloría General de la República, Región de Antofagasta, antes citado, puso en conocimiento del Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta del Ministerio Público el mencionado informe “para su conocimiento y fines a que haya lugar, puesto que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 83 de la Constitución Política de la República, y 1º de la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, es a dicha entidad a quien compete, en forma exclusiva, dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”.
A la fecha, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, confirmó mediante oficio a la Cámara de Diputados que la Fiscalía le habría remitido el informe en cuestión, por lo que se habrían realizado algunas diligencias.
“Viendo diariamente cómo el terreno en cuestión se mantiene eriazo, sin ninguna obra en construcción, lo que agudiza el malestar ciudadano por las irregularidades cometidas en la compra del mismo, y para que se haga justicia con la comunidad calameña por este fraude juegan un rol importante la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, motivo por el cual estamos requiriendo que se acelere la investigación por estos hechos constitutivos de delito”, afirmó el diputado calameño Esteban Velásquez.
Actualmente la polémica casa se encuentra desmantelada, el terreno eriazo no muestra signos de trabajos realizados para los fines argüidos por el Municipio por los que fue adquirida. Hoy, la Contraloría en un nuevo informe final de auditoría (N.759-19), ordenó restituir el monto de 190 millones en el plazo de 30 días e instruyó un sumario administrativo al municipio de Calama y al Servicio de Salud de la región para determinar y sancionar a los responsables de la grave irregularidad.