El pasado 17 de mayo el grupo comunicacional de la diputada por la Región de Antofagasta Catalina Pérez (RD) envió a diversos Medios el último pronunciamiento -hasta ahora- de la congresal, quien en ese entonces celebraba la aprobación del royalty minero.
«Es un paso importante para avanzar en mayor justicia y equidad territorial para todas las regionales del país y especialmente para la región de Antofagasta. Necesitamos mejorar con estos nuevos recursos la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas”, dijo en esa ocasión.
Casi un mes después, el 18 de junio, el medio Timeline publicaba una nota que exponía que en sólo dos meses, la fundación Democracia Viva, cuyo presidente Daniel Andrade (RD), pareja en ese entonces de la diputada, se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta. Aquí comenzaba la historia que hasta hoy no a hecho más que escalar.
A pocos días de la publicación, comenzaron las renuncias y los cuestionamientos a la diputada, quien en uno de sus primeros pronunciamientos dijo que la responsabilidad de esto correspondía a «dos hombres adultos». Pero el tema aumentó, incluso afectando al mismo Gobierno. Hoy, Fiscalía está investigado dichos convenios.
SILENCIO
El caso Democracia Viva ha destapado una serie de financiamientos irregulares vía contrato directo entre el Gobierno (a través de seremis) y fundaciones de diversa índole que llevaban pocos meses de conformación, donde casi todos sus militantes son (o eran) de RD, mismo partido de la diputada Pérez.
Medios regionales desde entonces han solicitado al equipo comunicacional de la diputada -quien destacó durante el gobierno anterior por sus críticas anticorrupción- algún parecer sobre el caso de Democracia Viva y el complejo escenario que vive su partido RD. Sólo hoy llegó una respuesta.
«Muy buenos días. Les comento que por el momento la diputada Pérez no dará declaraciones».
IMPRESIONES DE CONGRESALES
Sobre este hecho, el senador oficialista por la región Esteban Velásquez (FRVS) manifestó que «desde mi punto de vista me parece importante que la diputada aclare y entregue sus versiones de lo que a juicio de ella ha ocurrido. La comunidad merece información y no se puede guardar silencio de esta manera. Fiscalía resolverá las responsabilidades e irregularidades, pero es importante que la parlamentaria de nuestra región entregue las aclaraciones respectivas a la comunidad».
Por su parte el diputado Sebastián Videla (Indp) dijo que «de momento no he sabido de la diputada, pero creo que ella estaría disponible para entregar la información, pero se deben entregar señales de que deben existir responsables».
Finalmente el diputado Jaime Araya expresó que «uno siempre tiene que dar la cara, sobre todo cuando hay hechos de esta envergadura. Desde ese punto de vista ella debería acceder a los requerimientos de la prensa, porque con el mismo estandar de críticas que hizo RD con otras colectividades, ahora deberían replicarlo para ellos, sino serían unos hipócritas».