Este miércoles, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (Regionalista), junto al diputado por Atacama y precandidato presidencial, Jaime Mulet (Regionalista), presentaron un proyecto de ley que concede amnistía a los infractores de la declaración jurada para cobrar el bono clase media ($500 mil) que otorgó el gobierno para apaliar la crisis del coronavirus, bono por el que el recién pasado 02 de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó que 437.703 trabajadores dependientes habrían canjeado el beneficio declarando un monto menor al real en sus remuneraciones de julio, estableciendo un plazo hasta el 30 de noviembre para que los trabajadores restituyan los montos percibidos indebidamente sin reajustes, multas ni intereses.
Velásquez afirmó al respecto que «queremos que no se sancione a las miles de familias que obtuvieron el bono por un error del sistema, puesto que el Estado falló en la implementación del beneficio fiscal y no pueden pretender ahora que la ciudadanía, las trabajadores y los trabajadores, paguen los platos rotos en medio de una crisis económica y sanitaria de proporciones».
El profesor calameño agregó que «este proyecto en el fondo busca que el Estado no persiga penalmente a las personas beneficiarias del bono por error, pero no impide que el Estado recupere los dineros de otra forma conciliada con las personas, como lo es mediante la declaración de impuestos u otros mecanismos que no sean la devolución en un solo pago, ya que es difícil que cualquier persona saque esa cantidad de dinero de los bolsillos sobretodo en el contexto que vivimos donde el desempleo reina en las regiones más abandonadas por el gobierno de Piñera».
«En el último tiempo hemos tenido noticias de un montón de perdonazos que se han dado a grandes empresas por parte del Estado y que incluso muchas colusiones terminan con clases de ética; hace unos días conocimos el último gran perdonazo del poder judicial al señor Ponce Lerou con recursos que podrían haber financiado más de 3 plebiscitos, recursos que no le habrían venido mal inyectarle al capital público, pero que la Excelentisísima Corte Suprema opinó que el monto debía ser más bajo y lo dejó en un precio insignificante para el señor Lerou. Entonces desde este otro poder del Estado, el legislativo, estamos impulsando este perdonazo no para los poderosos de siempre, sino para las trabajadoras y trabajadores de Chile que día a día salen a ganar el pan de la mesa», concluyó el legislador.