“La política nacional del litio tiene nombre y apellido: Salar de Atacama, ubicado en la provincia de El Loa en la Región de Antofagasta. Esta política nacional del litio debe considerar el ecosistema en el cual se encuentra el Salar de Atacama y en especial a las comunidades aledañas”, afirmó el legislador.
El parlamentario calameño agregó que “además toda política al respecto, que pretenda recaudar recursos para el Estado, deberá considerar todas y cada una de las externalidades negativas, las que deben compensarse con los recursos provenientes de la propia explotación. Por otro lado debe asegurar beneficios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. A modo de ejemplo, entre San Pedro de Atacama y Calama no hay una autopista como corresponde, por ella transitan camiones de alto tonelaje al Salar y diversas mineras, junto con cientos de turistas nacionales y extranjeros; hoy tenemos una paupérrima carretera. Lo mismo ocurre en el tramo entre Antofagasta y Calama, aún no tenemos una carretera, autopista del estándar necesario que entregué calidad y mayor seguridad a los usuarios que por ella transitan y por las cuales también transita la industria minera; con mayor razón el tramo que une Calama con Tocopilla, puerto principal donde se exporta el litio; lo mismo podemos decir respecto de la contaminación que se vive en los territorios aledaños y que de una o de otra manera se ven afectados por la actividad extractiva”.
“Es de esos recursos de los que debe provenir los fondos para las grandes obras públicas, de modo que esa recaudación; como la que se podría tener con el proyecto royalty minero y la política nacional del litio; considere al territorio que represento y signifique un beneficio de tal entidad que no sea necesario subir impuestos a la ciudadanía”, siguió el legislador.
Velásquez agregó que “la política nacional del litio debe significar para el territorio desarrollo equitativo, justo y reparatorio; la ciudad de Calama no cuenta hoy con una Universidad Estatal, no se ha dicho por qué no en la provincia de El Loa, se determine y definan exista un Instituto Nacional del Litio, en fin. Es una oportunidad para hablar de estándares de desarrollo, hoy ajenas y alejadas de la realidad regional. La Política Nacional del Litio no se trata de dejar conforme a los privados sino de buscar desarrollo para el país, los territorios y su gente”.
“Por eso vamos a insistir en el royalty minero y en qué la política nacional del litio considere al territorio y sus habitantes, porque aquí hay personas y biodiversidad que se debe considerar, que muchas veces desde Santiago no se dimensiona y nos ven como un número más”, concluyó el parlamentario.