El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó el lunes las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de Paz Fuica Contreras, imputada por el Ministerio Público como autora de tres delitos de fraude al fisco. Ilícitos perpetrados en 2022, en el marco de convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva.
En la audiencia de revisión de medida cautelar, el magistrado Juan Pablo Torres Molina revocó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que resulta desproporcionada en esta etapa procesal.
Al resolver el cambio de cautelares, el juez Torres Molina razonó que: “No obstante entender que existen antecedentes plausibles de su participación en los hechos, entiende que la medida cautelar de prisión preventiva, en esta etapa respecto a determinados hechos, aparece como desproporcionada”.
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“Tenemos que tener presente que estamos en una etapa de investigación de una causa de largo aliento –por lo que se ha expresado en audiencia–, una investigación compleja, por lo que tenemos que entender que la medida cautelar de prisión preventiva no puede erigirse como una pena de carácter anticipado, ya que su finalidad no es castigar, sino una diversa, que puede ser prevenir el riesgo de fuga, prevenir el riesgo para la seguridad de la víctima, o bien prevenir el éxito de las diligencias de investigación”, agregó el magistrado.
Según el ente persecutor, la imputada Paz Fuica Contreras, en su calidad de concejala, se habría concertado con los coimputados Daniel Francisco Andrade Schwarze y Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Andrade Schwarze, con el objetivo de intervenir en asentamientos precarios.
Convenios suscritos entre octubre y diciembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $426 millones.