Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta, el Tribunal de Garantía y a través de una audiencia de procedimiento abreviado, pronunció la sentencia definitiva en que condenó a F.P.C.J. a las penas de 541 días de presidio menor en su grado medio por su autoría del delito de uso malicioso de instrumento público; 540 días de presidio menor en su grado mínimo y el pago de una multa de 11 UTM por estafa al Estado y 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM por fingimiento de profesión, todos en grado consumado. Hechos ocurridos entre los años 2007 y 2016.
Investigación dirigida por el Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, con colaboración de detectives de la Bridec y Lacrim de la PDI de Antofagasta.
Asimismo, el sentenciado fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta para postular a cargos y oficios públicos y a la prohibición absoluta de aproximarse al Liceo Mario Bahamondes, mientras trascurra la condena.
EL CASO
Según los antecedentes dados a conocer por el Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, “durante los años 2007 y 2016, el acusado fue contratado como docente en el Liceo A-15, Mario Bahamondes, con un contrato de trabajo proveniente de la CMDS de la ciudad.
Tras esta situación, el acusado fingió dolosamente ser docente, ejerciendo las funciones propias de ese cargo. Asimismo, con el objeto de acreditar y aparentar la calidad de docente en dicho periodo, el acusado presentó un certificado de título en trámite supuestamente otorgado por la Universidad de Playa Ancha, de fecha 15 de diciembre de 2014, que resultó ser falso.
A comienzos del 2016, el acusado con la finalidad de optar al cargo de Inspector General del Liceo Mario Bahamondes presentó a la CMDS un certificado de título falso, supuestamente emitido por la Universidad de Playa Ancha, de fecha 26 de junio de 2015, que lo certificaba como profesor de educación técnico profesional y con el grado académico de licenciado en educación, en razón del cual se le contrató en dicho cargo, el cual ejerció hasta el mes de abril del año 2019. Luego, y de acuerdo a lo informado por la oficina de títulos y grados de dicha Universidad, se logró determinar que el imputado nunca fue alumno de tal casa de estudios.
Cabe indicar, que el acusado valiéndose del certificado de título falso durante el tiempo que se desempeñó como docente en la CMDS recibió por pago de concepto de asignación de responsabilidad desde abril de 2016 y hasta abril de 2019, un monto total de $4.498.961 y por concepto de bonificación de reconocimiento profesional, en el mismo período, la suma total de $5.960.427, resultando entre ambos beneficios, para quien no tenía calidad profesional alguna, un pago total de $10.459.388, que corresponde al perjuicio fiscal ocasionado por el acusado.