El Estudio Longitudinal de la Región de Antofagasta (ELR-A) 2024, realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Norte y SQM, entregó un balance mixto sobre la situación social de la región: importantes avances en educación, salud y acceso a infraestructura conviven con un marcado deterioro de los ingresos y un preocupante aumento de la pobreza.
El estudio —único en su tipo en el norte de Chile— siguió por dos años a más de 13.500 personas en 5.460 hogares, con representatividad comunal y énfasis especial en campamentos. Su enfoque longitudinal permite observar trayectorias sociales con precisión.
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Entre los resultados positivos, la tasa de asistencia a educación parvularia alcanzó un 47%, superando ampliamente los niveles prepandemia. La asistencia a educación básica llegó al 89%, prácticamente a la par del promedio nacional.
En salud, el 88,5% de quienes presentaron un problema en los últimos tres meses accedieron a atención médica, y el 77,9 % de quienes siguieron tratamientos estuvieron cubiertos por el sistema AUGE-GES, siete puntos más que en 2023.
El acceso a servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado abarca al 92 % de los hogares de la región, y sube a 95,2 % al excluir campamentos. Esto sugiere que la infraestructura urbana ha soportado el crecimiento demográfico sin grandes colapsos.
Ingresos a la baja y pobreza en alza
El informe también entrega señales de alerta. El ingreso laboral promedio nominal cayó un 12,7% en doce meses, mientras que el ingreso real —ajustado por inflación— retrocedió un 16,1%, ubicándose por debajo de los niveles pre-COVID.
Este deterioro ha tenido consecuencias directas: más de un tercio de los hogares de Taltal y Ollagüe no logró pagar todas sus cuentas el mes pasado. Además, la pobreza por ingresos aumentó del 7,4% al 12,2% al incluir campamentos, con aumentos significativos en Antofagasta (14,1%) y María Elena (12,7%), donde los saltos superaron los seis puntos porcentuales.
Informalidad laboral y presión sobre los hogares
La participación laboral regional alcanzó un 58,6%, con grandes diferencias internas: Sierra Gorda superó el 79% y Ollagüe el 84%, mientras que Tocopilla apenas bordeó el 52%. Aunque la informalidad regional bajó a 30,3%, supera el 40 % en comunas como Mejillones, San Pedro de Atacama y Taltal, donde predomina el trabajo por cuenta propia sin cobertura social.
El empleo privado formal retrocedió casi diez puntos porcentuales, mientras aumentó el emprendimiento unipersonal. Pese a ello, la tasa de desocupación se mantiene en torno al 5%, y baja a 4,7% sin considerar campamentos. No obstante, un 44 % de los hogares declara tener deudas “complicadas o medianamente complicadas”.
“El estudio sirve como base para evaluar el impacto de fondos como los provenientes del royalty minero y el litio. En 2025, por ejemplo, se podrá medir si los cursos de reconversión laboral financiados por estos recursos reducen efectivamente la informalidad. El desafío ahora es convertir estos datos en decisiones concretas. La evidencia está disponible; el reto es traducirla en políticas que apunten a una prosperidad más equitativa y duradera para la región”, destacó Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN.