Más del 70% de los municipios del país entregaron licencias de conducir a más de 3.000 padres deudores de pensión alimenticia -que acumulan una deuda de más de 17 mil millones de pesos-, infringiendo la norma que prohibía este tipo de trámites.
Según el el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), publicado por la Contraloría General de la República (CGR), de las 342 municipalidades del país 242 habrían incumplido con la normativa. En total unos 3.432 personas recibieron o renovaron sus licencias a pesar de figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Estos deudores acumulan 4.706 niños y niñas a los que se les adeuda 17.473.007.109 pesos.
En el informe, se estableció que el municipio de Antofagasta han entregado más de 172 licencias a deudores, seguido por La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
La Contraloría también destacó que 65 funcionarios municipales y 1 concejal a nivel nacional consiguieron o renovaron su licencia en la municipalidad donde trabajan. Por otro lado, 482 de los deudores son familiares de funcionarios de las municipalidades donde consiguieron sus licencias.
Cabe destacar que, según la Contraloríq General de la República (CGR) desde el 2022, las personas que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA) no pueden obtener o renovar su licencia de conducir. Esto se establece bajo la Ley 21.389, que indica que el funcionario municipal debe revisar si el solicitante está inscrito en el RNDPA; si es así, deberá cancelar la solicitud. En caso de incumplimiento de esta normativa, el funcionario podría enfrentar una multa que oscila entre el 10% y el 50% de su remuneración.