Un llamado a acelerar la concreción de la doble vía Carmen Alto-Calama hizo el gerente Zona Norte de Kaufmann y director de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Lucas Martinich, quien señaló al proyecto como una deuda del Estado para con la zona y su población. El profesional indicó además el carácter “estratégico y urgente” que tiene la iniciativa para la reactivación económica, especialmente en el rubro minero y de servicios para la industria.
“La doble vía a Calama es imprescindible para acelerar y agilizar el tránsito de insumos y productos para que la vital minería no se interrumpa. Los transportistas necesitan ser eficientes en mover productos y las familias de la región necesitan trabajo e ingresos“, detalló, argumentando que según el último Informe Trimestral del Quinquenio 2020-2024 de la Corporación de Bienes de Capital, la inversión en economía chilena será liderada por los sectores Minería (35%) y, precisamente, Obras Públicas (34%).
Deuda regional
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Martinich reconoció que, según el informe, la inversión proyectada en la Región de Antofagasta cayó a la mitad respecto de lo calculado en 2019, lo cual obedece directamente a los efectos de la pandemia por Covid-19. No obstante, enfatizó que la demora en el caso de la construcción vial, que pertenece al proyecto concesionario Rutas de Loa, es un problema que se viene arrastrando desde hace años, debiendo haber estado listo para su uso en 2017.
“En la AIA nos preocupan los tiempos de aprobación y ejecución de los proyectos mineros, pero también del desarrollo y construcción de obras públicas, de las respuestas y compromisos de las autoridades, y su consecuente impacto en la calidad de atención de las empresas y negocios a sus clientes. Debemos recordar que el tiempo no es renovable, y sólo podemos gastarlo”, esgrimió.
Proyecto
La autopista que une a Carmen Alto con Calama tiene una extensión de 111 kilómetros de tramo, incluyendo el que corresponde y empalma con Calama a través de la nueva Circunvalación. En diciembre de 2019 la Corte Suprema respaldó la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que falló a favor de los habitantes de Sierra Gorda contra el Servicio de Evaluación Ambiental, ordenando tramitar la nulidad interpuesta por los vecinos por no haberse considerado en la iniciativa la participación ciudadana mandatada por ley. En marzo de 2020 las autoridades anunciaron un acuerdo con el municipio, anticipando un inicio de obras durante el primer trimestre de 2020, antes de la irrupción del Covid-19 en el país.