Luego de un triunfo inicial en el Juzgado de Letras de Antofagasta, la comunidad atacameña de Solor sufrió dos reveses posteriores, y este último es definitivo, ya que proviene de la Corte Suprema de Chile, organismo que rechazó el recurso de casación interpuesto por la colectividad indígena en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la capital regional en agosto del año pasado, resolviendo el máximo tribunal unánimemente a favor del Estado la demanda por la propiedad de las lagunas Cejar y La Piedra, ubicadas en las cercanías de San Pedro de Atacama.
La comunidad mediante esta acción civil pretendía registrar dicho territorio, ya que según sus miembros les pertenecía. Lo anterior en el marco de la Ley Nº 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena, que dio base jurídica al plan de saneamiento de títulos sobre tierras aimaras y atacameñas, proceso durante el cual se realizaron levantamientos topográficos, perimétricos, además de solicitar solución estatal a la deuda histórica con los pueblos indígenas.
Según consigna diario La Nación, en respuesta a esta demanda, el Consejo de Defensa del Estado impugnó los hechos presentados por la comunidad, señalando que el Estado había cumplido con su mandato legal, “respondiendo las demandas por ella efectuadas y entregando una superficie total de 5.092 hectáreas, lo que se ha materializado a través del traspaso del dominio de dos inmuebles fiscales y la concesión gratuita a largo plazo de otro predio, mediante decretos supremos dictados en 2001 y 2004”.
Laguna Cejar es uno de los atractivos naturales con mayor demanda de parte de los turistas que visitan San Pedro de Atacama, tanto chilenos como extranjeros. Posee 7 veces más cantidad de sal que el mar, lo que le otorga una particularidad que la hace casi única en el mundo: su gran flotabilidad. Cualidad que solo tiene comparación con el Mar Muerto, en Medio Oriente. A fines de 2014 se hizo aún más conocida en territorio nacional por la polémica decisión de la Comunidad de Solor de aumentar el precio de la entrada desde los $ 2.000 a los $ 30.000, argumentando que la medida respondía a un interés de preservar su belleza y características. A las semanas después se zanjó finalmente la polémica, estableciéndose el valor en $ 15.000.