Ante la masiva llegada de turistas a San Pedro de Atacama en el contexto de las fiestas de fin de año, se realizó una fiscalización a los operadores turísticos. Durante el despliegue, las entidades fiscalizadoras revisarán si este tipo de proveedores están cumpliendo con una serie de exigencias establecidas en la Ley del Consumidor por parte del SERNAC, y en la Ley de Turismo en el caso de SERNATUR.
De esta forma, SERNAC verificará que los operadores turísticos cumplan con la entrega de información veraz y oportuna de sus servicios, por ejemplo, que indiquen las condiciones relevantes y el precio, que respeten las promociones y ofertas, pero especialmente que acrediten los estándares de seguridad.
En el caso de SERNATUR, se enfocará en revisar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley de Turismo, principalmente si las empresas están inscritas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias.
La Seremi de Economía, María Teresa Véliz, explicó que “cerrando el año, continuamos con este trabajo mancomunado de los servicios de Economía, donde seguimos verificando el cumplimiento de las normativas ahora con tour operadores en San Pedro de Atacama, en donde como siempre seguimos tomándolo como una oportunidad ir verificando en qué situación se encuentran estos servicios, pero además para invitar a estos prestadores a corregir cualquier situación que puedan estar dándose no dentro de los parámetros que deben ser”
El Director Regional del SERNAC, Fernando Sepúlveda, valoró este tipo de despliegues conjuntos y coordinados con SERNATUR, pues permiten asegurar que los operadores turísticos que prestan servicios en San Pedro de Atacama cumplan con los estándares de calidad de servicio establecidos en la normativa, lo cual va en directo beneficios de las personas que los contratan, pero también del propio mercado.
En caso de detectar incumplimientos a la Ley del Consumidor, SERNAC se reserva el derecho a tomar las acciones que estime conveniente, pero en caso de ser graves podría incluso interponer acciones judiciales en contra de las empresas, instancia donde arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, cerca de 20 millones por cada infracción.