El diputado por la región de Antofagasta José Miguel Castro (RN), pidió -mediante oficio- al Ministerio de Vivienda y al Serviu que aclare una posible crisis destapada por el supuesto oficio interno del Serviu Metropolitano, donde se habría reconocido que la institución no cuenta con recursos para pagar 17 terrenos comprometidos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
El documento, que habría firmado el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, y se habría enviado al ministro Carlos Montes, advertiría que el organismo no tiene disponibilidad presupuestaria para concretar el pago de 1,2 millones de UF, lo que podría judicializarse y derivar incluso en la restitución de terrenos ya comprometidos. Esta situación afectaría directamente a cientos de familias que hoy poseen subsidios habitacionales, pero sin un terreno que respalde su construcción.
“Si esto se comprueba, estaríamos frente a un hecho gravísimo, porque sería jugar con el sueño de la casa propia; no es posible que se entreguen subsidios sin que exista un terreno asegurado para la construcción, esto no solo pone en riesgo la meta presidencial, también significa exponer a las familias a recibir un beneficio que podría quedar en nada”, señaló el parlamentario.
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En este sentido, el diputado y actual presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, informó que ofició a todas las regiones —incluida Antofagasta— para que el Serviu aclare su capacidad de compra de terrenos, los contratos vigentes y la seguridad de que cada subsidio entregado cuenta con respaldo real. “Queremos saber cuál es la situación en nuestra región, porque no vamos a permitir que la incertidumbre nacional se replique en Antofagasta, donde cientos de familias llevan años esperando su vivienda”, agregó.
Cabe destacar que el legislador ha mantenido un rol activo en la fiscalización de la política habitacional. En Antofagasta ha exigido al Serviu cumplir con los plazos en proyectos como Portal del Sol y Altos de Licancabur, además de acompañar a comités de vivienda en sus gestiones. “He estado presente en cada etapa, porque la lucha por la casa propia es la lucha más sentida de las familias de nuestra región”, subrayó.
Finalmente, el parlamentario solicitó al Ministerio de Vivienda presentar un plan concreto de regularización, con plazos definidos y garantías legales para que ninguna familia quede con un subsidio “en el papel” sin obra que lo respalde.