La diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez, presentó un proyecto de ley con el fin de prohibir las cobranzas extrajudiciales presenciales o vía telefónica de servicios básicos, cuando la autoridad central haya decretado estado de catástrofe en el país.
Lo anterior como una forma de apoyar la salud mental de quienes han perdido sus trabajos o han visto cómo sus ingresos han disminuido a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia por Covid-19.
En particular, la iniciativa busca modificar la Ley 19.496 que establece normas sobre la protección del consumidor, específicamente su artículo N°37 inciso 10° en la que se señala la normativa a cumplir por las empresas de cobranzas de acreedores y proveedores del crédito.
En ese sentido, la legisladora RN por la Región de Antofagasta explicó que la normativa rige para bienes y servicios de primera necesidad tales como: agua potable, energía, gas, telefonía, internet, créditos hipotecarios de la vivienda, servicios hospitalarios o de servicios educacionales”.
En su proyecto, la diputada Núñez fundamenta la iniciativa en el alto nivel de endeudamiento y desempleo que ha traído consigo la pandemia por Coronavirus en el país, así como “las preocupantes derivaciones psicológicas” a raíz de las cuarentenas decretadas por el Gobierno Central.
“Es claro que una acción de cobranza extrajudicial en tiempos de pandemia puede acarrear graves consecuencias en el estado síquico de la población”, sostiene.
En esa línea, el documento añade que “los llamados telefónicos en estas circunstancias no pueden dejar de atenderse, nadie está libre de esta enfermedad, no obstante, cuando existe un stress laboral, producto del teletrabajo para algunos o estado de depresión a consecuencia del encierro, cesantía o deudas para otros; es completamente perjudicial para la salud mental recibir un llamado o comunicación de cobranza extrajudicial”.
“El que puedes seguir pagando lo hará, el que no ha pagado no ha podido hacerlo. Ya es agobiante tener deudas, y más enfermizo recibir llamados constantes. En una situación de catástrofes, queremos hacer una excepción. Esto también es salud mental”, finalizó la parlamentaria.
