Parlamentarios de Antofagasta criticaron los convenios firmados entre el Minvu Antofagasta y Fundación Democracia Viva por un monto de $426 millones de pesos. Polémica que tuvo repercusión nacional luego que se diera a conocer que esta organización contaba entre sus filas con Daniel Andrade (RD), pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Según el medio Timeline.cl, recordamos que a raíz de lo anterior, Carlos Contreras, entonces Seremi del Minvu Antofagasta y también militante de Revolución Democrática, presentó su renuncia al cargo, mientras que por su parte, la diputada Pérez ofició a Contraloría «para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia. No voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión».
Consultados sobre toda esta situación, los Senadores de Antofagasta y la diputada Yovana Ahumada coincidieron que esta renuncia no es suficiente y piden que se investigue más a fondo este tipo de convenios. Además, Paulina Núñez (RN) no descarta que este caso pueda tener una arista en los tribunales de justicia.
«Al renunciar Contraloría no puede investigarlo»
El Senador Pedro Araya (IND-PPD) señaló que «es muy necesaria una buena explicación de la razón del porque de estos convenios, saber la forma en como se seleccionaron las entidades que se los adjudicaron, la experiencia que tienen en el área, los objetivos que se persiguen, la necesidad de realizar estos convenios y el porqué estos no fueron adjudicados directamente por Serviu. Además, llama mucho la atención que en el caso de Democracia Viva se fraccionaron los convenios».
Respecto a la renuncia del Seremi Carlos Contreras, indica que «fue la solución mas fácil, ya que al dejar de ser funcionario público la Contraloría no puede investigarlo con todas las atribuciones que tiene, lo que podría dificultar el trabajo de Contraloría. Ademá, tampoco lo podrá sancionar si es que existe alguna irregularidad administrativa».
Por último, pidió que Contraloría realice una completa auditoria a las actividades que ha realizado la Seremi de Vivienda, en especial la suscripción de los convenios de transferencia de dineros a terceros «para determinar si esas transferencias eran necesarias y si se cautelo o no el buen uso de los recursos públicos».
«Probidad hasta que duela»
El Senador Esteban Velásquez (FRVS) indicó necesario revisar en general este tipo de convenios, su impacto y resultados en la región y a nivel nacional, pues -plantea- son muchos los recursos públicos que se invierten y hoy como nunca deben evaluarse. «Estamos en tiempos de arcas fiscales estresadas y no es sencillo generar recursos nuevos y frescos. Cobra mucha importancia la evaluación de los beneficios y el nivel profesional de estas organizaciones que trabajan al alero del Minvu».
Además, dijo que «como señal de asumir responsabilidades políticas es positiva la renuncia del Seremi; sin embargo, hoy los estándares de comportamiento y desempeño, de «Cuidar la Forma y el Fondo» importan mucho. Se trata de construir confianzas, levantar otros marcos de transparencia que deben ir más allá de la legalidad, más allá de la «redacción del contrato». Avanzar en la revisión de los vínculos en el mundo político y público cerrando todos los espacios que aniden desconfianza en la ciudadanía, alejar por doquier los conflictos de intereses. Quienes ejercemos responsabilidades políticas tenemos mayores exigencias, sin dudas».
Velásquez también indicó que «a la ciudadanía deberíamos brindar garantías que nadie intentará siquiera hacer trampas. Parafraseando al padre Hurtado, «probidad hasta que duela», aunque para quienes estemos en el espacio público sea incómodo».
«Oficiaré a todas las seremías de Antofagasta»
La diputada Yovana Ahumada (IND) dijo que «para mi hay una inconsecuencia de parte de quienes llegaron al gobierno con el discurso de dejar atrás la vieja política, los amiguismos y los pitutos, sólo han llegado a confirmar, que no sólo mantienen las malas costumbres, lo vimos en el gobierno anterior con las licitaciones express y hoy lo vemos con este tipo de convenios. Este tipo de prácticas deben terminar, me extraña que el Presidente Gabriel Boric no se haya pronunciado por este tema. No permitiré que los recursos que van en beneficio de nuestra gente de Antofagasta, terminen en otra cosa que no sea resolver sus problemas y menos en un tema tan sensible para nosotros como es la vivienda».
Por su parte, y en el rol fiscalizador de los diputados, fue enfática en plantear que «es necesario que se investigue al más alto nivel. La renuncia del Seremi Contreras no me parece suficiente, ya que con eso no podrá ser sumariado. Aún así, el Ministerio de Vivienda debe ordenar una investigación. Es necesario que este caso se esclarezca y se determinen sanciones si procede a los responsables. En lo personal oficiaré a todas las seremías de Antofagasta para que entreguen la información de todos los fondos entregados a fundaciones y ONG para transparentar si hay vínculos políticos en estás entregas de recursos. Nuestros vecinos merecen transparencia total».
Ahumada también señaló que «es necesario que se investigue a esta Fundación, para saber si han recibido fondos públicos de otras reparticiones de gobierno y también saber qué competencias son las que tiene para realizar los millonarios trabajos que se les encomendaron. ¿Anteriormente habían realizado otros o simplemente se trató de amiguismos políticos hacia la diputada Catalina Pérez, su pareja y Revolución Democrática?. Considero de tal gravedad esta situación, que el Minvu incluso debería anular cualquier tipo de contrato suscrito con esta Fundación, por la transparencia que requieren estos procesos, que involucran la entrega de fondos públicos.
«Puede revertir carácter de delito»
La Senadora Paulina Núñez (RN) señaló que «hay conflictos de interés y veo hechos que pueden revertir carácter de delito, me refiero al tráfico de influencia. No es suficiente, son hechos que debe investigar la justicia, esos recursos deberían ser devueltos si está así lo estima».
Por último, agregó: «Imagino que el ministerio público actuará, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría de oficio, sino haremos que actúe a través de las denuncias correspondientes».