La Fiscalía Local de Calama, presentó una acusación formal en contra del exalcalde Daniel Agusto Pérez y el exdirector de salud de la COMDES, Humberto Argandoña Catur. Ambos son señalados como autores de los delitos consumados de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. El Ministerio Público solicita una pena de 7 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo, además de multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La investigación se centra en la adquisición irregular de un inmueble ubicado en calle Condell 2043, destinado originalmente a un proyecto de clínica dental que nunca contó con las aprobaciones técnicas necesarias. Según el documento, la compra se realizó por un monto de $190.000.000 utilizando fondos «per cápita» destinados a la salud primaria, a pesar de que la propiedad pertenecía a una sucesión hereditaria integrada por Jubitza Tapia Pérez, prima hermana del entonces alcalde Agusto.
El Ministerio Público sostiene que el comité a cargo del proyecto actuó con arbitrariedad, omitiendo licitaciones públicas y no escuchando las advertencias de los concejales ni de la propia Contraloría Regional. Se detalla que el exalcalde, en su calidad de presidente de la COMDES, tuvo conocimiento directo de que el contrato beneficiaba a sus familiares directos y, pese a las críticas y hallazgos de irregularidades, intentó otorgar un «manto de legalidad» al proceso sin adoptar medidas correctivas.
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El perjuicio fiscal se estima en el valor total de la compra, considerando que el avalúo fiscal de la propiedad era significativamente menor al precio pagado y que los fondos tenían un fin legal específico que fue vulnerado. Además, la fiscalía presentó un extenso listado de pruebas que incluye actas de reuniones donde se «urdió» la forma de proceder, correos electrónicos que vinculan a los implicados y el testimonio de más de 30 personas, entre peritos y fiscalizadores.
Cabe recordar que, en otra arista, pero relacionado a este tema, fueron condenados Jubitza Tapia, Gregorio Gregorio Rodríguez, María Calderón y Carlos Brito, ex funcionarios de la administración de Daniel Agusto, como coautores del delito consumado de malversación de caudales públicos.