La campaña “Corazón Azul” es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas contra la Trata de Personas. A través de ella se busca incentivar la participación de los gobiernos e instituciones para sensibilizar a la población respecto dela trata de personas. La ONU estima que 21 millones de personas están atrapadas en las redes de la trata de personas. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas, por ende, Chile no escapa de esta problemática.
Dentro del país hasta el año 2015 todas las víctimas identificadas eran extranjeras. El año 2016 se identificaron 3 mujeres chilenas víctimas de trata sexual. Las principales nacionalidades de las víctimas identificadas en el periodo, corresponden a boliviana (32,9%), paraguaya (26,8%), colombiana (6,6%) y ecuatoriana (6,1%).
A su vez, (hasta el año 2018) existen 16 sentencias condenatorias, siendo 10 por Trata Sexual y 6 por Trata Laboral y se ha condenado a 25 personas, siendo 8 de ellos chilenos. Las investigaciones sobre el delito de trata de personas, se han concentrado en la zona central del país, con un 30% en la Región del Maule, un 25% en la Región de O‘higgins y el 25% en la Región Metropolitana.
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Para poder realizar una denuncia se puede hacer a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía de Chile, Tribunales, y en caso de delitos de los que se haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito, se puede contactar al número 600 400 01 01.
El SernamEG además aborda de distintas formas la ayuda para quienes hayan sido víctimas de la trata de personas: ofrecer un espacio de residencia temporal y seguro para las mujeres y sus hijas e hijos menores de 14 años; cubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos, mientras se encuentren en la casa de acogida; Brindar atención sicológica, social y jurídica; entregar apoyo para la reelaboración de su proyecto de vida y proceso de autonomía; apoyar el fortalecimiento o creación de una red que favorezca la protección de las mujeres y sus hijos; y coordinar la reubicación en establecimientos educacionales cercanos a la casa de acogida en los casos que hijas o hijos lo requieran.