El proceso de licitaciones de inmuebles fiscales para proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que desarrolló este año el Ministerio de Bienes Nacionales contó con un nuevo y relevante elemento: en sus bases se introdujo la obligación de cumplir con la Ley de Pago a 30 días.
Esta modificación introduce un importante factor de justicia en el proceso de licitaciones, ya que permitirá, desde ahora, contribuir a solucionar un problema de larga data para contratistas y subcontratistas que por años han quedado desprotegidos ante variadas situaciones de incumplimiento de pagos por parte de los concesionarios.
Dicho cambio en las bases de licitaciones responde a un trabajo conjunto entre los ministerios de Energía y Bienes Nacionales. Desde este 2022, los postulantes a los procesos licitatorios para proyectos de ERNC deberán acreditar anualmente que, tanto él como sus contratistas y subcontratistas, cumplen con el compromiso de dar “estricto e íntegro cumplimiento” a la normativa contenida en la Ley N°21.131 de pago a 30 días, y en caso de incumplimiento, las concesionarias arriesgan multas que llegan hasta las 40 UF.
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La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y su par de Energía, Diego Pardow, se reunieron este jueves 29 para revisar los efectos positivos que tendrá esta modificación en las bases de licitación para proyectos de ERNC.
“Esta es una modificación que introduce un importante factor de justicia. Por años muchos contratistas y subcontratistas se han visto perjudicados por el retraso o el no pago de las concesionarias, con terribles consecuencias económicas para muchos de ellos. Ahora estamos contribuyendo a corregir este problema. Quienes desarrollan proyectos en terrenos fiscales deben estar especialmente comprometidos a cumplir estas reglas, porque el uso de bienes que son de todas y todos debe orientarse por el bien común y a la justicia social”, recalcó la ministra Toro.
Al respecto, agregó que este cambio en las reglas del juego refleja que “efectivamente se puede equilibrar el impulso económico con criterios de necesaria justicia en las relaciones entre los actores económicos, grandes y pequeños, que colaboran en esta industria, para que participen con garantías y protección”.
Tras la reunión, el ministro Pardow destacó que “cuando estuve en Antofagasta, conversé con varios de los afectados y afectadas por estas empresas, entre ellas estaba Paola Vera y me pidieron ayuda directamente. Eso estamos haciendo hoy, estamos cumpliendo una de las peticiones que nos hicieron las personas que se han visto estafadas”.
A reglón seguido, Pardow explicó que “la descarbonización no es solo una oportunidad para construir ciudades más limpias y mejorar la calidad de vida de las personas, también es una oportunidad para traer complejidad a nuestra economía y agregar valor en conjunto con las pymes y el mundo del trabajo. Esperamos que esto contribuya a esos objetivos”.
Licitaciones 2022
Este año 2022 Bienes Nacionales ha puesto en licitación 91 inmuebles fiscales, agrupados en 28 procesos. De los 16 procesos publicados en diciembre, 36 inmuebles se han licitado para proyectos de ERNC; otros 7 para industria; 9 para terreno agrícolas -agricultura familiar/campesina- y los 4 restantes para otros usos como inmobiliario, turismo y equipamiento.
La cartera de suelos para proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) es un aporte concreto a la necesaria transición energética del país, como también para cumplir la meta de carbono-neutralidad al 2050, plasmada en la Ley Marco de Cambio Climático.
Los 36 inmuebles licitados este año para ERNC suman en total 14 mil 814 hectáreas, un 54% de la superficie total en licitación y se concentran, además, en las 4 primeras regiones del país, especialmente en Antofagasta, donde está el 53% de la oferta y un 76% de la superficie.
En las licitaciones de este 2022 destaca un inmueble fiscal en Mejillones, Región de Antofagasta, para el primer proyecto de la reutilización de neumáticos en Chile. Con ello, el Estado podrá cumplir la meta demandada en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de impulsar acciones concretas para la reutilización de productos contaminantes.